Pérez Motta y Antonio Morales reciben severas críticas al comparecer en San Lázaro
CFC y Profeco reconocen que centran su quehacer sólo en el control de tortillerías
Empeñados en convencer a los diputados de que el gobierno federal ha emprendido acciones para sancionar a "infractores" al precio tope de la tortilla, el presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, y el titular de Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales (Profeco), terminaron por reconocer que las medidas se han centrado en el último eslabón de la cadena: las tortillerías.
Esa postura generó el rechazo de los legisladores, excepto los de Acción Nacional, entre quienes se encuentran empresarios, que vieron en el acuerdo para fijar los precios de la tortilla en 8.50 pesos el kilo una respuesta "contundente y eficaz" del gobierno de Felipe Calderón.
Los diputados cuestionaron que ambas instancias se nieguen a ver las pruebas de que el encarecimiento de ese alimento fue provocado por las grandes empresas, que acaparan el maíz, pero los dos funcionarios no modificaron su discurso e inclusive el presidente de la Cofeco aceptó que no ha podido determinar que existan prácticas monopólicas en el mercado del maíz, porque es imposible revisar todas las tortillerías del país.
"Estamos haciendo una investigación para ver si hay prácticas anticompetitivas en este mercado. Lo que pasa es que con la cantidad de tortillerías que hay es difícil prever que no haya condiciones de competencia. Es probable que haya problemas de colusión en algunos establecimientos", declaró.
En la misma tónica, Antonio Morales aseguró que la Profeco ha tomado "medidas precautorias" sobre tortillerías y se ha suspendido la venta en "expendios infractores", respuesta que provocó aún más la indignación de los diputados. Salvador Ruiz Sánchez, del PRD, afirmó -en la comparecencia de Morales ante la Comisión de Economía- que la Profeco tenía capacidad para conocer el inminente aumento del precio de la tortilla y no alertó a los consumidores y, más aún, no ha hecho nada para presentar denuncias penales. "Ustedes sólo protegen los intereses de los industriales que acaparan y encarecen el maíz", sostuvo.
Asimismo, el diputado priísta Arnulfo Elías Cordero resaltó el desatino de las autoridades en la investigación sobre acaparamiento. "El 90 por ciento de las tortillerías pertenece a pequeños empresarios, que están sujetos al incremento de los precios, mismos que manipulan los proveedores, quienes en realidad son los acaparadores", manifestó.
Jorge Godoy, de Convergencia, afirmó que mientras la administración federal favoreció a grandes empresas, al dejar el precio de la tortilla al libre mercado, el consumidor aún sufre las consecuencias de una escalada de precios que también afectó a otros alimentos, como el huevo, el jitomate y el pollo.
"Si comparamos el 40 por ciento que se permitió en el aumento a la tortilla y el miniaumento salarial de 1.89 pesos, con éste se pueden comprar cerca de 200 gramos de tortillas. Y usted -le dijo a Antonio Morales- se limitó a cerrar unos cuantos expendios, pero no sanciona a las grandes empresas. ¿No hay suficientes pruebas como para tomar medidas en contra de ellas?", cuestionó.
Previamente, en la comparecencia de Pérez Motta, la diputada del PRD Susana Monreal Avila afirmó que sólo dos empresas controlan 95 por ciento del mercado de la tortilla, información que no es tomada en cuenta por el gobierno federal para determinar el origen del encarecimiento de ese producto.
Inclusive acusó al titular de la Cofeco de encubrir a los grandes acaparadores. "La omisión, su falta de transparencia y apego a la ley, su sobrada negligencia e irresponsabilidad para hacer su trabajo, resultan ofensivos para millones de mexicanos que, gracias a personas como usted, no puedan comprar algo tan básico como un kilo de tortilla", expresó.
Pérez Mota dijo que se han enviado solicitudes de información sobre presuntas prácticas monopólicas a siete comercializadoras, cuatro harineras, a las secretarías de Economía y de Agricultura, así como a algunos municipios de los estados de México, Puebla y Michoacán supuestamente involucrados en el acaparamiento.