Limita a los ciudadanos a buscar mayor protección
Critican decisión de la Corte sobre jerarquía de tratados
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aplicar un criterio por el cual los tratados internacionales están por encima de las leyes federales y estatales, pero no de la Constitución, se incurre en una visión "piramidal" del sistema de protección de derechos, pues se coloca un "dique que limita la posibilidad de que un ciudadano pueda invocar un tratado o acuerdo internacional que le brinda más protección", aseguró Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana.
Se trata de una decisión que si bien busca la supremacía constitucional, también actúa como "dique normativo que cierra el sistema de protección de derechos al privilegiar una visión escasamente garantista al establecer que no existe nada más allá de la Constitución".
Esto aplica, en particular, cuando nos referimos a derechos humanos y acuerdos suscritos por México en la materia, insistió Eraña, pues si se aplica este criterio a pesar de que un tratado o acuerdo internacional podría brindar más protección a los ciudadanos, "se estableció un dique jurídico que hace imposible que un tratado esté por encima de la Constitución".
En un sistema de derecho, aseguró, debe quedar establecido que ya "sea el orden federal, estatal o local, si ofrece mayor protección a los ciudadanos se debe apelar a esa norma, sin importar si se trata de un tratado, Constitución o ley local, pues el propósito es alcanzar la protección máxima y fijar límites máximos al poder público y los poderes fácticos".
Por su parte, Ramiro Bautista, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que si bien se estableció un "criterio claro de soberanía, pues no se puede colocar un tratado internacional por encima de la Constitución, se tendrían que estudiar a fondo las repercusiones que tendrá la decisión de la Corte, ya que inclusive se puede llegar a impugnar y declarar inconstitucional el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o cualquier acuerdo comercial que pueda lesionar los derechos establecidos en la Carta Magna".
Al respecto, Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, manifestó que la decisión de la SCJN "sólo ratifica el criterio que ya había tomado años atrás en relación con el tema de los derechos humanos".
Después de considerar como la "mejor decisión" el que la SCJN haya colocado los tratados comerciales por debajo de la Carta Magna, porque "si de algo nos hemos quejado en estos años es que en los hechos el TLCAN está por encima de la Constitución y de intereses sociales y legítimos", resaltó que el máximo tribunal debió colocar el tema de los derechos humanos "al mismo nivel de la Constitución o por arriba de ella, como aplica ya en algunos países. Sin embargo, la Suprema Corte aplica el mismo criterio en ambos temas".
Destacó que para lograr un avance efectivo y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, "se requiere de una reforma constitucional en la que se especifique cuál es el contenido del derecho que permita la creación de leyes secundarias que establezcan los mecanismos para que el sujeto de derecho pueda exigir o reclamarlo".
Cortés precisó que en el país no se respetan ni se acatan los tratados internacionales sobre derechos humanos. "El problema de México es que tenemos malas leyes y mala aplicación de ellas".