Es una "decisión histórica", considera el Movimiento Ciudadano Obradorista
Juzgado admite demanda de amparo contra bajos sueldos y alza de precios
El juzgado segundo de distrito en materia penal del Distrito Federal admitió ayer la primera de unas 500 demandas de amparo interpuestas en las pasadas cinco semanas por integrantes del Movimiento Ciudadano Obradorista contra el "raquítico salario mínimo" y el aumento al precio de la tortilla.
La juez Ana Luisa Mendoza Vázquez admitió la demanda de amparo promovida por María de los Angeles Ruiz, miembro del movimiento mencionado, contra el presidente Felipe Calderón, tres secretarías del gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM).
La audiencia constitucional respectiva se realizará el próximo 27 de febrero a las 11:10 horas.
El abogado Román Díaz Vázquez, dirigente del movimiento, calificó de "histórica" la decisión de Mendoza Vázquez.
"Tiene valor y dignidad la juez. Con esto inauguramos una nueva vía constitucional en defensa de un sistema de vida fundamental y más justo para los mexicanos", agregó.
Díaz Vázquez dijo que varios jueces "se echan la bolita" para no admitir los más de 500 amparos que han solicitado hasta el momento un número igual de ciudadanos mexicanos molestos por los aumentos desmedidos de los productos de la canasta básica, en particular la tortilla, y el bajo aumento al salario mínimo.
Exhortó a todos los ciudadanos a acudir hoy a las cinco de la tarde al Monumento a la Revolución para presentar sus amparos en contra del salario mínimo y los aumentos, pues aseguró que el límite para hacerlo vence el próximo lunes.
Según Díaz Vázquez, el movimiento espera presentar por lo menos 800 amparos individuales que representan a unos 10 mil mexicanos en contra del gobierno de Felipe Calderón.
Desde hace más de un mes, habitantes de la ciudad de México, representantes de grupos de Oaxaca, Chiapas y estado de México, entre otros, han acudido al Palacio de Justicia Federal para interponer su amparo y una demanda contra el jefe del Ejecutivo, los titulares de las secretarías de Economía, Trabajo y Agricultura, y contra los integrantes de la CNSM por violar diversas garantías constitucionales, entre ellas la de tener un ingreso justo y equilibrado, porque "el gobierno no atiende ni comprende los problemas nacionales".