Desclasifica España secretos de los vuelos de la CIA
Los cientos de vuelos ilegales llevados a cabo en los últimos años por la CIA en Europa, con el objetivo de trasladar de forma clandestina a presuntos miembros de Al Qaeda, también tuvieron lugar en España, donde se utilizaron los aeropuertos de Palma de Mallorca y Tenerife como centros de paso. Ante evidencias halladas por la justicia en este sentido, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acordó desclasificar todos los documentos secretos relacionados con este asunto.
Entre 2004 y 2005, en los aeropuertos de Palma de Mallorca y de Tenerife se detectaron movimientos extraños de personal del servicio secreto estadunidense, que solían llegar a estos destinos en aviones fletados por la CIA y no se quedaban más de 24 horas.
Investigaciones abiertas por el Consejo de Europa y tribunales españoles confirmaron las pesquisas periodísticas que apuntaban a la utilización de los centros aéreos para trasladar secretamente y sin la autorización de Madrid a personas detenidas ilegalmente en países árabes y asiáticos por su presunta relación con Al Qaeda.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó el pasado primero de febrero la desclasificación de los documentos elaborados por los servicios de inteligencia españoles sobre el asunto, en concreto los relativos a vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia), del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumania), del 12 de abril de 2004, y Madrid-Luxor (Egipto), del 16 de diciembre de 2003, y supuestas escalas de otros en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
Según las primeras indagaciones, en esos vuelos podrían haberse trasladado a 12 presuntos miembros de Al Qaeda: Jaled Masri, Ahmed Agiza, Mohammed Zary, Hasam Usama, Mustafa Nasr, Bisher Rawi, Yamil Banna, Maher Arar, Muhammad Bashmila, Salah Alí Qaru, Mohammed Zammar y Binyam Mohamed.
Tras dar a conocer la desclasificación de los documentos, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que es "imprescindible la absoluta colaboración del Ejecutivo con las demandas del Poder Judicial".