Organizaciones planean "elevar el nivel de protestas", si no se da una solución
La respuesta de la STPS a demandas obreras y campesinas, el próximo día 21
Organizaciones obreras y campesinas que participaron en la megamarcha del pasado 31 de enero, salieron ayer de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la promesa de que en un máximo de 12 días tendrán respuesta a sus demandas, las cuales buscan el diseño de una política de Estado destinada a la sustentabilidad agropecuaria y alimentaria; aumento salarial de emergencia y la implementación de programas de fomento al empleo, la productividad y la competitividad en el país.
Representantes de las organizaciones laborales independientes más importantes del país, entre las que se encuentran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp), entre otras, presentaron los seis puntos que forman el eje fundamental de sus peticiones.
En primer término exigen un incremento salarial de emergencia proporcional al aumento de precios; la reducción del impacto sobre el salario de los trabajadores; el control de precios de 34 productos de la canasta básica; el diseño de una política de generación de granos, en especial maíz y frijol; renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la aplicación rigurosa de la ley a los especuladores.
Sin comprometerse a dar solución a sus demandas, sólo con la promesa de dar una respuesta a sus solicitudes el próximo 21 de febrero, los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Agricultura, Alberto Cárdenas, y de Economía, Eduardo Sojo el más criticado y abucheado por las organizaciones, escucharon durante más de 80 minutos a los líderes de las organizaciones obreras y campesinas.
La versión oficial del encuentro entregada por la dependencia señala que fue instalada la mesa de diálogo entre organizaciones de trabajadores, campesinas y sociales con secretarios del gabinete del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Destaca que las organizaciones participantes en el encuentro son las mismas que marcharon el pasado 31 de enero "a favor de preservar el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y evitar el encarecimiento de bienes y servicios fundamentales del consumo de los mexicanos".
Confirma que se convino desarrollar una nueva reunión, en un plazo de dos semanas, para que en este tiempo sean analizados por ambas partes los fundamentos para atender las seis propuestas planteadas por las organizaciones participantes en el diálogo, y así implementar soluciones que jurídica y económicamente resulten sustentables.
Uno de los miembros de la presidencia colectiva de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, advirtió: "si en la próxima reunión no obtenemos solución a nuestras demandas, y no vemos una voluntad política para llegar a acuerdos, elevaremos nuestro nivel de protestas hasta que el gobierno entienda que no se puede seguir así".
Los tres secretarios de Estado que asistieron, subrayó Hernández Juárez, expresaron que las demandas son inviables. En cuanto a la revisión del TLCAN, las autoridades manifestaron que Estados Unidos y Canadá no están dispuestos a realizar ninguna modificación al capítulo agropecuario, pero los representantes del gobierno federal acordaron dar una respuesta buscando diferentes variables.
Respecto al control de los precios de la canasta básica, según lo informado por el líder del sindicato de telefonistas a La Jornada, adujeron que la Ley de Competencia, en su artículo séptimo, no lo permite.
El secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, afirmó que en la negociación insistirán en tres temas: incremento de emergencia al salario mínimo, la renegociación del TLCAN, la soberanía alimentaria y establecer un control de precios a 34 productos de la canasta básica.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), aseguró que las organizaciones no quieren distribuciones de apoyos ni subvenciones para unos cuantos, sino reformas profundas y democráticas que reorienten la economía hacia el mercado interno, el consumo doméstico y la reconstrucción de las cadenas productivas del país.
Por su parte, Agustín Rodríguez, del STUNAM, pidió al gobierno de Felipe Calderón explicar las razones de su negativa a las demandas de las organizaciones sociales.