La falta de democracia en algunos estados facilita la impunidad, dice Castro Lozano
México, sin posibilidad de eliminar las violaciones a derechos humanos: PGR
México no tiene posibilidad de eliminar las violaciones a los derechos humanos, y "mientras no tengamos democracia en algunos estados, se facilitan los ambientes de impunidad", reconoció el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro Lozano, quien informó que en los dos meses pasados se han iniciado 30 investigaciones, derivadas de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la transgresión de funcionarios de la dependencia a las garantías individuales.
"Efectivamente, tenemos un problema de violación de los derechos humanos, que lamentablemente el gobierno federal, por la estructura propia del Estado mexicano, no tiene todavía en sus manos la posibilidad de eliminar totalmente", dijo el funcionario al representante de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, al participar en un foro sobre el tema en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Resaltó que "en algunos estados se facilitan los ambientes de impunidad" porque no existe democracia en esas entidades", y repitió lo que, según él, le comentó a Incalcaterra días atrás:
"Dígame, ¿qué podemos hacer, y así se lo dije al representante de la ONU, en un estado equis donde todavía no llega la alternancia?"
Sin embargo, agregó: "en algunas entidades, afortunadamente, ya empieza a haber división de poderes, o sea, ya hay un gobernador de un partido y un Congreso local donde domina la oposición".
Para Juan de Dios Castro, ex legislador federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y ex asesor jurídico de la Presidencia de la República, la CNDH emite recomendaciones que "no son obligatorias, pero que realmente tienen peso moral importante".
Empero, al preguntarle si esa circunstancia incluye a las recomendaciones que hizo la comisión por las agresiones sexuales de policías federales a pobladores de San Salvador Atenco y la intervención armada en Sicartsa, en 2006, Castro Lozano comentó:
"No, porque no necesariamente la recomendación, si no está sólidamente fundada, la autoridad tiene la posibilidad de contestar por qué razón no acata la recomendación."
Respecto de la garantía que existe, conociendo su filiación partidista, de si actuará con imparcialidad en esa subprocuraduría, afirmó: "la garantía la di cuando fui presidente del Congreso de la Unión; ninguno de los diputados dirá que como presidente del Congreso actúe con actos partidistas (sic)".
Al interrogarlo sobre el informe de Amnistía Internacional, el cual señala que el gobierno mexicano no está comprometido con los derechos humanos y que muestra de ello es el recorte presupuestal de 50 por ciento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp), el ex legislador remitió a la prensa con los diputados: "ellos son los que aprueban el presupuesto".
Así, respecto de la posible desaparición de la Feadp, aseguró que no está dentro de sus facultades ni podía pronunciarse al respecto, porque no está en la esfera de sus atribuciones, ya que "una fiscalía especial tiene autonomía técnica".
Pero de alguna manera la fiscalía depende de usted.
No, de mí no depende.
Castro Lozano afirmó no tener influencia en el nombramiento del nuevo fiscal, y apuntó que forma parte de un órgano colegiado integrado por 20 personas. "Puedo emitir mi voz y mi voto, pero ni yo, ni mi voz ni mi voto pueden ser determinantes".
Sobre la investigación que se sigue por las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en las que se menciona como responsable de ellas al gobernador de Puebla, Mario Marín, el funcionario señaló:
"Esperemos a la decisión de la Corte, porque yo no puedo decir hay violación de garantías sin tener la información y los elementos. No puedo hacer ninguna afirmación más que esperar la decisión de la Corte, que ya ha nombrado una comisión de magistrados y de miembros del Poder Judicial para investigar ese hecho en los términos del 97 de la Constitución General de la República", pero no mencionó nada de los avances de la averiguación previa que inició la PGR en la Feadp.