Debate de Minera San Xavier, a la Comisión de Cooperación Ambiental
La inconformidad por la operación de la Minera San Xavier en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, donde viven especies en peligro de extinción, llegó a la Comisión de Cooperación Ambiental, debido a que los habitantes de la zona argumentan que México violó la legislación en la materia.
Los inconformes pidieron que se investigue el caso, y reiteraron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violó una sentencia emitida por los tribunales mexicanos al autorizar por segunda ocasión el proyecto de extracción de oro y plata de Minera San Xavier, filial mexicana de la empresa canadiense Metallica Resources.
El Grupo Pro San Luis Ecológico presentó la petición, en la que recuerda que hace siete años interpuso con éxito un recurso que devino en la cancelación del permiso original. Entonces se obligó a la Semarnat a tomar en cuenta las recomendaciones del juez, que hasta ahora han sido ignorados por la dependencia.
La organización detalló en la solicitud que los impactos en el medio ambiente son innumerables. Entre otros, destacan la contaminación atmosférica, daño a aguas superficiales y subterráneas, y suelos, que han quedado inhabilitados para cualquier actividad productiva. Los efectos negativos, señala, son irreversibles.
Antecedentes del caso
El caso comenzó en 1995, cuando la empresa canadiense se asentó en el poblado potosino. En 1999 la Semarnat autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA), por lo cual se inició un procedimiento jurídico. El primero de septiembre de 2004 el pleno de la sala superior del tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró nula la autorización.
La organización señala que la aprobación del MIA violó, entre otras disposiciones, el plan de ordenamiento de San Luis Potosí y su zona conurbada, y la norma oficial 59, en la que se enlistan las especies de flora y fauna bajo protección especial.
Sumado a lo anterior, la zona presenta baja disponibilidad de agua. Pese a eso, la Semarnat no ha exigido a la empresa que presente un balance del consumo del líquido, lo que demuestra que "las autoridades ambientales otorgan permisos con base en criterios proteccionistas sin exigir a los promoventes la comprobación de datos concretos, por medio de los cuales se podría evaluar con un buen grado de confiabilidad los impactos ambientales y decidir sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto".
La organización reiteró que la principal limitante para el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada es precisamente la falta de agua.
"Considerando que el acuífero del Valle de San Luis es su principal fuente de abastecimiento, resulta grave que las autoridades permitan ubicar piletas, patio de lixiviación y planta de beneficio", y la limpieza de otros metales pesados en el área donde se recarga el acuífero de la región.