Ulises Ruiz debe renunciar, consideran defensores de derechos humanos
Jurado popular emitirá hoy veredicto sobre ataques a garantías en Oaxaca
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Rosario Ibarra durante su intervención en el segundo Foro por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, en el cual se anunció que un jurado popular, formado por representantes de diversos sectores sociales, emitirá hoy su fallo sobre los ataques a garantías individuales a lo largo de casi nueve meses de conflicto
Foto: Jesús Villaseca
Debido a que la situación de los derechos humanos en Oaxaca "se profundiza y empeora", representantes de diversos sectores sociales constituyeron un jurado popular que analizará las pruebas y testimonios de las violaciones a esa garantías, con el propósito de emitir un juicio "de carácter moral" y buscar que se castigue a los culpables de delitos de lesa humanidad, se informó durante el segundo Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, convocado por las asambleas Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de México (APPM), así como por legisladores del PRD.
En el acto, que culminará hoy con la resolución del jurado, se señaló que el respeto a los derechos humanos constituye una de las demandas fundamentales de la sociedad mexicana en los más recientes años, pues la actuación de autoridades estatales y federales continúa reflejando que esas garantías siguen siendo vulneradas en todo el país.
Se destacó que en México persisten la impunidad, la nula actuación del aparato de justicia, "la intolerable" práctica de la tortura, la debilidad de la seguridad pública, la amenaza a la libertad de expresión, la actitud parcial y la falta de autonomía de los organismos públicos encargados de la procuración de justicia, lo cual refleja "la grave crisis por la que atraviesa nuestro país" en la materia.
Los participantes en el foro señalaron que en Oaxaca "se robustece una forma autoritaria en el ejercicio del poder, el cual representa una abierta amenaza para los movimientos sociales y la sociedad civil en su conjunto". Por ello, aunado a la "represión que se observa en el estado", aseguraron que Oaxaca no representa un problema sólo local, sino de carácter nacional.
El jurado popular estará integrado por Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; la senadora Rosario Ibarra de Piedra quien inauguró el foro; Enrique González Ruiz, académico de la cátedra de derechos de humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México; José Sotelo Marbán, ex director general de la Femospp; Pilar Noriega, ex visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Gilberto López y Rivas, y Magdalena Gómez, colaboradores de este diaro, y Ernesto Sánchez Aguilar, presidente de la Liga Mexicana Anticorrupción.
En un comunicado, los organizadores expresaron que el gobierno de Felipe Calderón "ha demostrado la forma como quiere gobernar, pues tanto él como Ulises Ruiz han hecho uso de la fuerza represiva para solventar su ilegitimidad y su debilidad política, producto de haber llegado al poder mediante un fraude electoral".
Destacaron que el castigo a los culpables de vulnerar los derechos fundamentales de los oaxaqueños sólo se logrará haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales, para lo cual es necesaria la presión de la comunidad mexicana y mundial.
El senador por Oaxaca Salomón Jara aseguró que en esa entidad "se siguen violentando" los derechos humanos, por lo que es necesario levantar la voz ante la comunidad internacional para denunciar los delitos de lesa humanidad en los que han incurrido los gobiernos federal y estatal desde el inicio del conflicto.
El legislador dijo que en enero pasado visitó la entidad y se percató que "el gobierno tirano" de Ruiz ha arremetido en contra de quienes apoyan a la APPO, con la intención de acallar y debilitar al movimiento.
Destacó que el mandatario estatal tiene miedo de dos cosas: de la sección 22 del Sindicao Nacional de Trabajadores de la Educación, "que jugará un papel fundamental en la lucha por venir", y a que la APPO se levante de nuevo, debido a que el peso de ésta tendrá una participación importante en los próximos comicios estatales.
Jara agregó que el movimiento popular sigue "presente y activo", por lo que su demanda central, la renuncia de Ruiz Ortiz, sigue vigente, debido a que es imposible la reforma de la entidad mientras el priísta esté en el poder.
Durante el foro se presentaron decenas de testimonios de los abusos en que incurrieron los elementos de la Policía Federal Preventiva al detener a cientos de personas durante los operativos en aquella entidad.