Editorial

Seguridad: guerra sin rumbo

La masacre de personal policiaco y judicial perpetrada ayer en dos comandancias de Acapulco por grupos disfrazados de militares, y realizada en pleno operativo gubernamental para combatir a la delincuencia organizada, constituye la prueba más fehaciente del fracaso de las concepciones y las medidas del nuevo gobierno en materia de seguridad pública. Acaso sin ser plenamente conscientes de ello, los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República lo admitieron así cuando justificaron la "atracción" de las ejecuciones por parte de esa dependencia: son ­afirmó ésta en un comunicado­ "un ajuste de cuentas del crimen organizado ante las acciones emprendidas por el gobierno". Pero el equipo gubernamental no parece darse cuenta de que el sujeto de ese ajuste de cuentas es, precisamente, la autoridad federal.

En efecto, los asesinatos en el puerto guerrerense constituyen, por su características, un inequívoco mensaje de desafío a las corporaciones militares y de seguridad pública ­federales, estatales y municipales­ que toman parte en el Operativo Conjunto Guerrero y, por extensión, al Ejecutivo federal y a sus lucimientos de "mano firme": los criminales, en un alarde de coordinación, información y logística, fueron hasta las sedes del poder público, vestidos de militares, desarmaron sin problema a los agentes y a los empleados que allí se encontraban y los asesinaron. Videograbaron, con una frialdad escalofriante, las ejecuciones y abandonaron las comisarías con toda tranquilidad, a pesar del notorio despliegue de tropas y de efectivos de tres corporaciones policiales.

Este desmentido por vía fáctica a los "éxitos" gubernamentales en materia de seguridad es sin duda el más atroz, pero dista de ser el único. Los asesinatos, los levantones y otras expresiones de la impunidad y el control territorial de que disponen las organizaciones delictivas no han dejado de ocurrir en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en otras entidades. Botones de muestra: ayer mismo fueron ejecutados en Culiacán el jefe de la policía estatal Jorge Valdez, quien recibió más de cien balazos, y José Heriberto Avilés, hijo de un policía, en los que fueron los homicidios 53 y 54 de este año. Desde que se implantó en la entidad el Operativo Sierra Madre, con la participación de 9 mil efectivos federales, van 29 ejecuciones en Sinaloa. El lunes, las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Tecpan de Galeana, Guerrero, fueron atacadas con una granada, y en Michoacán ­la entidad en la que empezaron los operativos del actual gobierno federal­ fue secuestrado un hermano de Rolando Alvarez Ayala, ex alcalde de Apatzingán y ex diputado federal.

A pesar del optimismo oficial por las iniciativas contra el narcotráfico adoptadas por el titular del Ejecutivo federal, los hechos indican que va por mal camino el empeño oficial por restablecer la seguridad pública y el estado de derecho en las extensas regiones del país en las que una y otro han colapsado. Combatir a la delincuencia organizada es, sí, una obligación irrenunciable de las autoridades, pero ese combate debe empezar por una formulación correcta de un problema que no es, a fin de cuentas, sino síntoma de procesos de descomposición social e institucional que no pueden ser resueltos con la policía ni con el Ejército. Un caso paradigmático de los malos enfoques oficiales es la lucha contra el narcotráfico, fenómeno que tiene por origen complejos factores legales, políticos, geográficos, económicos y sociales, y que no puede ser reducido a una mera cuestión delictiva.

Por añadidura, desde el arranque de los operativos en curso resultó inocultable que éstos estaban contaminados por un propósito de legitimación del nuevo gobierno ante el empresariado y la opinión pública nacionales y ante el gobierno estadunidense.

En suma, las espectaculares acciones realizadas hasta ahora contra la delincuencia carecen de un rumbo claro, de conceptos precisos y de los correlatos necesarios en los ámbitos político, económico y social, y por ello, como resultaba previsible desde un inicio, en vez de exhibir fortaleza están poniendo en evidencia la alarmante debilidad del poder público.