En el primer día de convocatoria 25 países la signaron, entre ellos México
Se inicia proceso para ratificar convención de la ONU contra desapariciones forzadas
Ampliar la imagen
Rosario Ibarra de Piedra, una de las más importantes activistas que demandan la presentación de desaparecidos por el régimen, ayer durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, entre las priístas María Elena Orantes y Rosario Green
Foto: Jesús Villaseca
París, 6 de febrero. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas en contra de las Desapariciones Forza- das obtuvo este primer día de convocatoria la firma de 25 países, México entre ellos, para dar inicio al proceso de ratificación que permitirá la entrada en vigor de este nuevo instrumento jurídico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que penaliza severamente la detención, desaparición, secuestro o cualquier otra forma que prive de la libertad a los individuos, perpetrada por funcionarios o grupos ligados al Estado.
Esta herramienta contra las desapariciones forzadas "demanda una aplicación rápida", afirmó en París Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Primera victoria de familiares
En una ceremonia llevada a cabo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno francés, convocada por el canciller Philippe Douste-Blazy, las primeras firmas fueron recibidas con júbilo.
Es "la primera victoria para las familias de los desaparecidos, que sufren en silencio, con un dolor insoportable provocado por el desconocimiento de la suerte de un familiar. Su angustia, dolor y tristeza son indescriptibles", expresó Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Afirmó que "ninguna guerra, ningún estado de urgencia ni ninguna razón imperiosa de seguridad nacional pueden justificar" las desapariciones forzadas.
La convención reconoce el derecho de la víctima o de su familia a obtener una compensación, así como a saber el destino del desaparecido. Obliga a los países firmantes a penalizar la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad realizada por funcionarios o por grupos ligados al Estado, así como a llevar a los responsables ante la justicia.
El movimiento para penalizar la desaparición fue motivada por los trágicos saldos de las guerras sucias durante dictaduras en América Latina en la década de los 70, que alcanzaron dramático saldo en países como Argentina, Chile y Uruguay.
La convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, luego de su aprobación en junio en el seno del Consejo de los Derechos Humanos, lo cual culminó un proceso iniciado por la Comisión para los Derechos Humanos en 1980 en Ginebra, con un grupo de trabajo establecido para proponer el documento, cuya negociación final tomó tres años, en la cual participaron activamente los gobiernos de Francia, México, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros.
Requiere la ratificación de 20 firmas nacionales para entrar en vigor. Su correcta aplicación será vigilada por un comité integrado por 10 expertos con mandatos de cuatro años. Por parte de México firmó el embajador en París, Claude Heller.
El problema está vigente: Arbour
"Las desapariciones forzadas están lejos de ser reliquia de las guerras sucias; sigue siendo una práctica vergonzante en todos los continentes", afirmó Arbour; su inmediata entrada en vigor será la respuesta a las esperanzas y al deseo de justicia de las víctimas y de sus familiares, y a satisfacer su derecho de conocer la verdad sobre la desaparición de un ser querido, dijo.
En efecto, las desapariciones forzadas continúan ocurriendo; 2006 cerró con más de 5 mil nuevos casos, "cifra considerada mucho más baja que la real", pues el grupo de trabajo de la ONU ha recibido informes sobre más de 50 mil desapariciones, de los que una ínfima cantidad ha sido aclarada, informó el portavoz de la oficina de Arbour, José Luis Díaz.