Los monocultivos transgénicos de materia prima desplazan a la siembra tradicional
La soberanía alimentaria, en peligro por el auge de los biocombustibles
No importa a las trasnacionales si dejan hambre y destrucción ambiental: Vía Campesina
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Tortillería tradicional en Puebla, donde se usa maíz ciento por ciento mexicano, en imagen de archivo
Foto: José Carlo González
Una nueva colonización se cierne sobre Latinoamérica al expanderse los monocultivos transgénicos de cereales, oleaginosas y especies forestales destinados a producir biocombustibles, "vendidos" por los gobiernos de los países desarrollados y las trasnacionales a los ciudadanos como una excelente oportunidad para el desarrollo rural y la respuesta a la amenaza del cambio climático generado por la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero.
Su visión no alude a la soberanía alimentaria y menos al desplazamiento de los pequeños y medianos campesinos de sus tierras, como consecuencia de esa tecnología que ahora eleva a categoría de "oro verde o amarillo" a los que hace pocos años eran considerados sólo cultivos importantes.
En su discurso, los gobiernos de los países más ricos ocultan su pretensión de mantener a las naciones pobres únicamente como productoras de materias primas que alimentarán sus plantas de biocombustibles, y convencen a las autoridades para que destinen grandes extensiones de tierra, sin importar si es ganadera o forestal, a la siembra de soya, maíz, caña de azúcar, girasol, palma aceitera, álamo, eucalipto, aunque ello implique perder la capacidad de producir alimentos, advirtió Alberto Gómez Flores, delegado para América del Norte de la organización internacional Vía Campesina.
Preocupación de campesinos en AL
A pocas semanas del inicio del Foro Mundial de Soberanía Alimentaria en Malí, Africa, Gómez Flores habló de la preocupación que hay entre los campesinos mexicanos y de otras naciones latinoamericanas porque en este auge de los biocombustibles los gobiernos no anteponen el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a otros países.
"Esto nos está llevando inevitablemente al choque del modelo de la industria de los transgénicos, promovida por las grandes corporaciones, con el de los campesinos que defienden su cultura, su tierra, su actividad, quienes siguen alimentando a la humanidad pese a políticas y condiciones adversas. Desde 1996, esas corporaciones, como Monsanto y Cargill, se han comprometido a abatir el hambre en el mundo, y paradójicamente, según datos de la FAO, en ese año había 800 millones de personas sin alimentos suficientes y en 2006 la cifra se elevó a 860 millones", comentó.
En lo que se avizora como una batalla por los granos tradicionales, la tierra y el agua, Gómez Flores asentó que los campesinos seguirán resistiendo. "Aun con la aplicación implacable de la política neoliberal y excluyente no nos han vencido. Los campesinos, con nuestras semillas, asumiremos el papel de defender esa soberanía frente a las trasnacionales productoras de transgénicos, que buscan sólo ganancias y no les importa si dejan destrucción ambiental, pobreza y hambre".
En el caso de México, dijo, los campesinos no aceptaremos la siembra del maíz transgénico, "aquí esa semilla no es bienvenida; sí, a la producción de biocombustible la van a presentar como una alternativa atractiva, pero no dirán que eso significará dependencia, monocultivo, riesgo de contaminación de los maíces criollos. Por eso proponemos que primero revisemos cómo estamos en la producción de alimentos y discutamos profundamente la conveniencia de que el país se meta en ese modelo de productor de materia prima para plantas de biocombustibles.
"No prestar atención a esto generará graves conflictos sociales y mayor dependencia alimentaria con las grandes corporaciones, que paulatinamente se convertirán en las arrendadoras de la tierra para los monocultivos", explicó.
En México, después de una década de estancamiento en la producción de maíz 1980 a 1990 y entre los vaivenes de la política agropecuaria, los campesinos aumentaron su productividad y el año pasado, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se cosecharon 22.1 millones de toneladas del grano, el doble que en 1989. Sin embargo, desde 1998, las importaciones continuaron con tendencia creciente y sumaron 10.7 millones de toneladas, incluyendo el maíz quebrado.
"Esas importaciones que limitan la soberanía alimentaria del país pueden eliminarse si el gobierno decide dar un golpe de timón en la política agropecuaria, erradica todos los vicios y con imaginación y estrategia política actúa junto con los pequeños y medianos productores", afirmó Gerardo Sánchez, coordinador del Congreso Agrario Permanente.
La experiencia argentina
Similar objetivo se habían planteado los pequeños y medianos agricultores de Argentina, quienes sin el andamiaje institucional había desaparecido en 1991 y luego con la autorización del cultivo de la semilla transgénica de soya en 1996, se endeudaron para entrar al modelo, explicó Norma Giarracca, coordinadora del área de Estudios Rurales en el Instituto Gino Germain de la Universidad de Buenos Aires.
A finales de la década de los 90 había 13 millones de hectáreas en peligro por las deudas de sus propietarios; el modelo había convertido la región pampera en sembradíos de soya, se "barre" con montes y yungas, las tierras campesinas cuya propiedad es por periodos de 20 años y las recuperadas por los indígenas son vendidas a los nuevos inversionistas procedentes de Buenos Aires y Córdoba.
"El nuevo oro verde ocupa tierras en todo el país, antes dedicadas a los alimentos; desaparecen productores de leche, cultivos industriales, ganadería y 25 por ciento de las unidades medias de explotación (menores de 200 hectáreas); el modelo dejó mayores niveles de pobreza, indigencia y hambre, mientras Monsanto teje una política de acercamiento con la sociedad mediante el financiamiento de investigaciones en las facultades de agronomía, y el sistema científico salvo excepciones tiene una mirada complaciente y poco crítica", abundó la socióloga rural.
Argentina dejó de ser el granero del mundo al convertirse en megaproductor de soya con la mirada complaciente del gobierno, pues el producto es uno de los principales aportadores de ingresos fiscales; el año pasado el valor de las exportaciones fue de 10 mil millones de dólares.
La explotación industrial de la soya transgénica que habría de impulsar al primer mundo a los productores argentinos sólo ha dejado la pérdida de la soberanía alimentaria, ya que los pequeños y medianos agricultores que ocupaban 45 por ciento de la superficie y generaban 47 por ciento de los alimentos fueron eliminados, el deterioro ambiental por el uso indiscriminado de glifosato aumenta, al igual que la dependencia hacia las grandes empresas como Monsanto y Novartis, expone Miguel Teubal en su libro La expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities.
Y ante el giro de utilizar más tierras para la producción de transgénicos con miras a elevar la producción de bioenergéticos, Vía Campesina y diversas organizaciones sociales lanzaron un llamado mundial de alerta para detener el avance de Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Archer Daniels Midland Company, entre otras empresas, que no sólo realizan millonarias inversiones para generar y patentar semillas transgénicas y convencer a los gobiernos de los países en desarrollo de los "beneficios" de los biocombustibles, sino empiezan a firmar convenios con empresas automovilísticas para difundir el uso de estos energéticos.