Se multiplica el repudio público y militar a la estrategia del comandante en jefe

Negociaciones en el Congreso de EU para detener la guerra de Bush en Irak

La ocupación, tema que domina el debate político con miras a la elección presidencial de 2008

Aumenta el número de republicanos que buscan distanciarse del signo belicista del mandatario

DAVID BROOKS

Nueva York, 6 de febrero. En el Congreso estadunidense hay intensas negociaciones sobre cómo y hasta qué punto repudiar la estrategia del presidente George W. Bush, mientras dos juicios sobre aspectos de la guerra proceden, uno respecto de cómo fue fabricada y otro en torno a un oficial militar que se rehusó a participar en lo que considera una conflagración ilegal, y se multiplican las expresiones públicas (y castrenses) contra el manejo de la guerra por parte del comandante en jefe.

A la vez, al arrancar el concurso para la elección presidencial de 2008, el debate electoral gira en torno a Irak: los 10 precandidatos demócratas criticaron la guerra de Bush, algunos más severos que otros, y expresaron la urgencia de llevarla a conclusión al presentarse ante la dirección y liderazgo nacional de su partido.

Por su parte, cada día son más los republicanos que están buscando cómo distanciarse de la política bélica de Bush. El futuro político de la nación más poderosa del planeta está ahora sujeto a lo que ocurre en uno de los países más devastados del mundo.

El Congreso está considerando diversas propuestas, desde resoluciones no vinculantes que expresan repudio al plan de Bush para enviar más tropas a Irak, hasta medidas que buscan implementar límites al número de fuerzas allí, limitar su uso y hasta establecer un calendario para la retirada.

El liderazgo republicano intenta detener o por lo menos diluir estas propuestas, aunque enfrenta una opinión pública cada vez más opuesta a la ocupación de Irak y sus implicaciones para el futuro de sus carreras políticas. Por tanto, hay algunas escisiones en las filas del partido del presidente.

Por ahora existe un intento para aprobar una resolución no vinculante que expresa que una "oleada" ­el incremento de tropas en más de 20 mil soldados­ no está "en el interés nacional", versión que cuenta con el apoyo de varios republicanos influyentes y promovida, entre otros, por el senador John Warner, el republicano de mayor peso en asuntos militares en la Cámara alta, y algunos de sus colegas.

Aunque este esfuerzo fue frustrado el pasado lunes con maniobras legislativas, los demócratas han prometido continuar buscando la forma de expresar el sentir de una mayoría del Congreso que se opone a la estrategia del presidente republicano.

A la vez, hay varios legisladores que insisten en que no apoyarán medidas que no son suficientemente fuertes para repudiar la estrategia bélica de Bush. Proponen imponer límites de fondos para evitar la "oleada" o hasta el inicio de un retiro de las tropas.

Senadores como Christopher Dodd, Edward Kennedy y Russ Feingold, y representantes como John Murtha, insisten en que no pueden endosar algo que no detiene lo que ellos concluyen es un desastre sin remedio en Irak.

Mientras tanto, organizaciones antiguerra están invirtiendo unos 10 millones de dólares para generar presión sobre el Congreso para detener el plan de Bush de incrementar el número de tropas.

La iniciativa promovida por una coalición de organizaciones demócratas, antiguerra y sindicatos ­Americans Against Escalation en Irak­ busca cabildear a legisladores federales de unos 25 estados. La organización Moveon.org organizó una "marcha virtual" a finales de la semana pasada con el objetivo de inundar el Congreso con un millón de llamadas contra la guerra.

A la vez, quizá el aspecto más novedoso de las fuerzas contrarias a la ocupación, organizaciones de veteranos de la guerra y hasta militares en activo continúan promoviendo las campañas contra la estrategia de Bush.

Hay gran distancia entre las opciones de un repudio explícito, pero finalmente simbólico, y una medida que limita o condiciona el gasto público para la guerra, y hasta el momento la mayoría de legisladores no parecen estar dispuestos a aceptar algo más que la primera... por el momento.

El comentarista político Alexander Cockburn duda de que el Congreso logre imponer un límite y menos limitar la ocupación con una medida sustantiva, en parte porque a pesar de las dimensiones del movimiento contra la guerra, éste aún no se acerca al nivel de resistencia que se registró a finales de la intervención en Vietnam.

Cockburn, en un artículo en The Nation, recuerda que las tropas estadunidenses en Vietnam se amotinaron, inclusive dispararon contra sus oficiales. El Pentágono había registrado en 1971 más de medio millón de casos de deserción durante los últimos cinco años y suponía que aproximadamente la mitad de las fuerzas militares terrestres eran abiertamente opuestas a la guerra.

Había espectaculares acciones de protesta y gran preocupación ­hasta pánico­ entre los supremos comandantes porque no tenían el apoyo necesario para continuar la agresión. De hecho, el Congreso, entre 1970 y 1973, promulgó cinco restricciones sobre fondos para la guerra en Indochina.

"Al pueblo no le gusta la guerra, pero eso no implica que no continuará mientras haya dinero para financiarla", dijo Cockburn.

Presupuesto de guerra

Bush acaba de presentar su presupuesto federal, con un incremento dramático en el renglón del gasto militar. Si fuese aprobado como está, el gasto total para la estrategia bélica del presidente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 superará todo lo gastado en la guerra de Vietnam, reportó el diario The Washington Post.

De hecho, el gasto bélico en Irak desde el comienzo de la guerra en 2003 ya superó los 350 mil millones de dólares y pronto llegará a 400 mil millones.

Agrupaciones contra la guerra señalan que ese total es suficiente para haber contratado 6 millones de maestros en Estados Unidos, construir 35 mil escuelas primarias y hasta ofrecer gasolina gratis a todos los automovilistas del país durante un año. Pero los expertos esperan que el gasto real podría ser incluso el doble.

Al mismo tiempo, continúan dos juicios relacionados con esta guerra, uno en Washington y otro en Seattle. El de Lewis Libby, ex mano derecha del vicepresidente Dick Cheney, continúa fascinando a la capital con sus revelaciones de cómo funcionaba detrás de las escenas la Casa Blanca, incluyendo cómo se manipulaba a los medios de comunicación.

Los fiscales del caso han presentado evidencia y testimonios que apoyan el argumento de que existió el intento de Libby (y obviamente de su jefe Cheney) de revelar la identidad de Valerie Plame, la agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para minar las críticas del ex embajador Joseph Wilson, su esposo, de que el gobierno del presidente Bush había distorsionado información de inteligencia sobre Irak antes de la invasión, en particular la que decía que el régimen de Saddam Hussein estaba intentando adquirir "materiales" radiactivos de Africa.

Algunos testigos han afirmado que Libby y Cheney ya habían hablado del tema antes de que éste fuera filtrado a los periodistas; Libby ha insistido en que se enteró de la identidad de Plame por los propios comunicadores.

Pero al final del día, todo lo anterior se trata de cómo la administración del presidente Bush promovió la guerra bajo pretextos si no falsos por lo menos no comprobados, e intentó suprimir toda disidencia dentro del propio gobierno.

Es justo en torno a este punto que, desde el otro punto del país, prosiguió por segundo día el juicio que se le sigue al teniente Ehren Watada, el primer oficial que se rehusó a obedecer órdenes para ser destacamentado en Irak porque, dijo, la guerra "es ilegal y basada en mentiras".

El pasado lunes, Watada declaró ante la corte marcial ­que sesiona en el Fuerte Lewis, cerca de Seattle­ que por considerar ilegal la guerra, "yo no tenía otra opción más que rechazar la orden".

Sin embargo, el juez ha rechazado la solicitud de los abogados de Watada de que se argumente sobre la legalidad de la guerra y además no aceptó toda la lista de testigos, la que incluía a expertos en derecho constitucional presentada por la defensa, y falló que no son "relevantes" para el caso. Watada enfrenta una posible condena de hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo, Amnistía Internacional declaró el lunes anterior que un veredicto de culpabilidad del militar "sería una violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos".

Larry Cox, director de la organización humanitaria en Estados Unidos, declaró que si Ehren Watada es declarado culpable, "Amnistía Internacional lo nombrará prisionero de conciencia y demandará su liberación inmediata e incondicional".

La guerra de Irak se está librando ahora en Estados Unidos.