No debe desaparecer, opina David Vega Vera
Preciso, fortalecer la fiscalía que indaga delitos contra periodistas
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) "no debe desaparecer. Por el contrario, se debe fortalecer y dotar de autonomía, pues constituye el único órgano que puede prevenir, investigar y perseguir los ilícitos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información", afirmó David Vega Vera, ex titular de ese organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista, afirma que la FEADP "no fue un organismo de papel" y que durante los nueve meses que duró su gestión "se realizó la obra negra de una institución que puede garantizar la plena vigencia y promoción de los derechos humanos relacionados con la actividad periodística", la cual requiere, desde su óptica, que los delitos cometidos contra informadores se "federalicen", con el propósito de que se "abatan las amenazas, ya que éstas provienen de funcionarios públicos estatales".
Vega Vera asegura que es necesario "legislar integralmente en materia de periodistas, sobre todo en lo que se refiere al derecho a la información, para que tanto en las constituciones locales como en la general de la República se otorgue mayor seguridad al ejercicio profesional de los periodistas que actúan con principios éticos", en un momento "en que esta actividad se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas".
¿Hubo resultados en los nueve meses que estuvo al frente de la FEADP?
El trabajo comenzó de la nada y se hizo la obra negra. Antes de la creación de este organismo, los datos sobre agresiones contra periodistas estaban dispersos, tanto en el ámbito federal como en el común. El trabajo de compilación duró varios meses. Pero gracias a la labor de los agentes del Ministerio Público se concretaron averiguaciones previas, y en las próximas semanas quien llegue a la FEADP podrá determinar al menos 40 expedientes.
¿Fue y será útil? Las agresiones contra los comunicadores continúan, y se considera que México es uno de los países más peligrosos para ejercer la actividad.
Ahora se tiene claro no nada más cuántos fueron amenazados o asesinados. También cuántos son realmente los periodistas agredidos, en qué entidades, qué clase de ilícitos se cometieron en su contra e investigaciones serias para buscar a los culpables.
"Descubrir cuestiones como narcotráfico, delincuencia organizada en sus distintas ramas, como tráfico de personas y contrabando de mercancías, así como cuestiones políticas o de interés económico, son causales en que supuestamente se basan muchas agresiones contra los periodistas. Por eso es importante prevenir, y con ello el Estado se evitaría muchos problemas de esa índole."
¿Quiénes fueron, de acuerdo con las denuncias que se recibieron en la FEADP, los principales responsables de amenazar o intimidar a los periodistas?
Los principales responsables son autoridades y funcionarios del fuero común. Por ello, una de las partes que considero más importantes para que la fiscalía siga existiendo es que se le dote de mayores facultades, se federalicen los delitos contra los comunicadores y se legisle para dar mayor seguridad.
"La realidad mostró que el mayor número de ilícitos se cometieron en el ámbito de autoridades estatales, y por tanto investigar y determinar que un funcionario local está o estuvo involucrado en los hechos significaría que el asunto se debe turnar a la procuraduría de la entidad correspondiente, y con ello también se abre la puerta para que esos delitos queden sin castigo."
¿De qué sirvió la FEADP, si ninguno de los casos de homicidios relacionados con delincuencia organizada ha sido esclarecido?
Sirvió para que, al igual que los asuntos que tienen las procuradurías locales en sus manos, sean revisados y se tenga información sobre su avance, y se vea si están siendo investigados.
¿Su salida de la fiscalía fue por desinterés de la actual administración en el tema?
Se terminó un ciclo. Se me dijo que hay interés, aunque pienso que la creación y sustento legal de la fiscalía debe pasar de un acuerdo administrativo a una ley, para que opere de manera permanente y se convierta en organismo con autonomía técnica y tenga mayores atribuciones legales.