Presenta demanda de amparo ante juez federal
La ASF busca reactivar pesquisa contra Jorge Serrano Limón
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se da por vencida y continúa empeñada en demostrar que Jorge Serrano Limón, presidente del Comité Nacional Provida, desvió recursos públicos que le entregó un organismo de la Secretaría de Salud.
El órgano fiscalizador se inconformó por la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de no ejercitar acción penal en contra de Serrano Limón, quien fue investigado varios meses por la dependencia en respuesta a tres denuncias presentadas en su contra por la autoridad fiscalizadora, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y un grupo de ex legisladores.
Según consta en registros judiciales a los que tuvo acceso La Jornada, la ASF interpuso el pasado lunes una demanda de amparo indirecto ante un juez federal para pedir la protección de la justicia.
El propósito de obtener el amparo, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, es obligar a la PGR a que reactive las investigaciones contra el indiciado, recabe nuevas pruebas que fortalezcan la acusación y opte por decretar el ejercicio de la acción penal.
La demanda fue recibida por el juez tercero de distrito de amparo, Ricardo Guzmán Wolffer, y el juicio de garantías (101/2007), que ya se inició, puede tardar en resolverse varios meses en primera instancia.
El juzgador fijó para el próximo 27 de febrero, a las 9:20 horas, la celebración de la audiencia constitucional, en la cual el Ministerio Público Federal (MPF) y la ASF ofrecerán sus alegatos jurídicos correspondientes.
Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón fue notificado como tercero perjudicado en este juicio de garantías mediante la lista de acuerdos que emite el juzgado tercero.
El pasado 31 de octubre, el presidente de Provida recibió una notificación de Salvador López Mayorga, agente del MPF que integró la averiguación previa 3905/DDF/2004 por peculado en contra de Serrano Limón.
Según esa autoridad, no lograron recabarse los elementos suficientes para considerar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, ya que fue insuperable "un obstáculo material".
En realidad, el MPF se valió del argumento de que la ASF que se querelló contra Serrano quedó impedida de volver a realizar una auditoria a Provida.
Inicialmente, la SFP presentó como prueba contra Serrano diversas copias de facturas sobre algunos gastos de Provida, pero nunca tuvo en sus manos los contratos, convenios ni la facturación original.
Con esa misma documentación la ASF presentó a la PGR la acusación contra el inculpado.
Ahora, en su petición de amparo, el organismo fiscalizador argumenta que es competencia de la PGR y no de la ASF allegarse de la documentación original que requiera para integrar una averiguación previa.
El año pasado, Serrano Limón fue sancionado administrativamente por la SPF con una multa de 13 millones 237 mil 378 pesos y una inhabilitación por 15 años para ejercer cualquier puesto en la administración pública.
La PGR recibió en 2004 tres denuncias. La primera fue presentada por siete ex diputados perredistas, entre ellos Malú Micher, quienes acusaron a Serrano Limón de peculado por haber invertido parte de los recursos que se le habían entregado a Provida en una casa de bolsa.
Después la SFP y la ASF presentaron denuncias por el mismo ilícito y añadieron el de falsificación de facturas.
Las presuntas irregularidades se habrían cometido durante 2003 y 2004, con fondos que le fueron proporcionados a Provida mediante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
Dichos recursos fueron pactados a través de un convenio para que fueran destinados a la instalación de 10 centros de ayuda para la mujer en distintas localidades del país y a reforzar los que Provida tenía en funcionamiento.
No obstante, los fondos no fueron aplicados según lo convenido y se desviaron a la compra de otros objetos, entre ellos plumas Montblanc, ropa para caballero y lencería, según la acusación.