Externan su preocupación por la continua impunidad
El fallo de la Corte era una decisión obligada, según ONG
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos consideró ayer que el hecho de que se tenga que recurrir cada vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que investigue violaciones de derechos humanos "es grave y demuestra la ineficiencia y complicidad de las instituciones para investigar los delitos: las procuradurías General de la República (PGR) y las estatales".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la organización, aseveró: "El que la Corte haya decidido investigar las violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco con motivo de los operativos policíacos de los días 3 y 4 de mayo pasados era una decisión necesaria y obligada ante la complicidad de la PGR y de la procuraduría mexiquense, porque no han hecho investigaciones imparciales y objetivas para determinar la culpabilidad de los responsables.
"Ojalá que con esta decisión expresó Cortez se vaya consolidando un criterio en la SCJN para que asuma, como institución, una responsabilidad de derechos humanos que ponga alto a la impunidad, porque las instancias encargadas de la investigación la cobijan y con ello propician que los policías cometan abusos".
Por su parte, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que la decisión de la SCJN para investigar las violaciones a derechos humanos es importante, pero refleja que las instituciones encargadas de la investigación no están respondiendo y tienen deficiencias. "Hay corrupción, dilación en los procesos, injerencia política en las decisiones judiciales y penales, deficiencia en la defensa y dificultades para el acceso a la justicia", puntualizó.
Todo ello, subrayó, muestra que hay problemas estructurales en las áreas de justicia. Por eso es que cada vez más se recurre a la Corte para que ejerza su facultad de investigación en la violación de derechos humanos, añadió.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la investigación de la SCJN en el caso Atenco puede contribuir a revertir la impunidad que prevalece ante las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra pobladores de esa comunidad.
El Centro Pro se congratuló por la decisión del máximo tribunal del país, pero aclaró que ello supone "que los hechos sean esclarecidos, que los responsables sean sancionados, que el daño sea reparado a las víctimas y que se tomen medidas para que hechos como los de Atenco no se repitan".
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguró que a la SCJN se le abre la posibilidad de sentar "un precedente muy significativo" en la lucha por el respeto a las garantías individuales.
"Lo que se necesita es un debate de justicia, no uno de legalidad; lo que esperamos es que se manden mensajes institucionales para combatir la impunidad. De lo que se trata es que la Suprema Corte encabece la lucha por la justicia en este país", indicó.
En tanto, el Partido de la Revolución Democrática informó que buscará el acercamiento con ministros de la SCJN por medio de sus legisladores federales y de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, para "presionar" y hacer valer la justicia en el caso Atenco.
Marcela Nolasco, secretaria de Derechos Humanos del CEN perredista, sostuvo que el máximo órgano de justicia en el país está obligado a resolver sobre las violaciones que sufrieron mujeres tras su aprehensión en Atenco, la situación de los detenidos y el abuso de la fuerza policiaca en aquel lugar.
"Es correcto que la Corte haga justicia en pleno respeto a lo que marca la Constitución", apuntó.