Usted está aquí: domingo 4 de febrero de 2007 Sociedad y Justicia Duelo de acusaciones entre mineros después del choque en Lázaro Cárdenas

Ayer se retiraron del puerto los elementos del Ejército y de la policía estatal

Duelo de acusaciones entre mineros después del choque en Lázaro Cárdenas

Concluyó el presunto secuestro de la esposa del delegado Mario García Ortiz

GABRIEL LEON Z., CARLOS TORRES O. REPORTERO, CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Los mineros heridos en el enfrentamiento del viernes en Lázaro Cárdenas y cuyo estado de salud se reporta como grave. fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Morelia Foto: Notimex

Trabajadores despedidos que fueron agredidos este viernes, responsabilizaron a Napoleón Gómez Urrutia y a sus seguidores, así como a la multinacional Mittal Steel, de financiar los hechos de violencia, por lo cual, ya presentaron una serie de denuncias penales en contra de la dirección de la sección 271 del sindicato minero. Por su parte, los simpatizantes del depuesto dirigente señalaron a Elías Morales como autor intelectual de la acometida en contra de sus agremiados, y precisaron que se trató de un enfrentamiento "de trabajadores en contra de charros", además de que presentarán la denuncia correspondiente por el delito de secuestro.

En los primeros minutos de ayer sábado los 16 simpatizantes de Elías Morales ­dirigente oficial del sindicato minero­, que resultaron golpeados y retenidos por los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia, fueron liberados en las instalaciones de la siderúrgica Lázaro Cárdenas y trasladados por sus familiares a hospitales del puerto para recibir atención médica. Sin embargo, ante la gravedad de por lo menos ocho trabajadores, sus compañeros informaron que serían trasladados a otras entidades.

Los elementos del Ejército que hicieron presencia en el puerto ante el choque de los sindicalizados ya se retiraron, también los elementos del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Estatal Preventiva. El saldo oficial del enfrentamiento de más de cuatro horas fue de 22 lesionados, 18 vehículos quemados y al menos dos viviendas incendiadas. En la refriega se utilizaron palos, piedras, machetes y armas de fuego.

En el duelo de acusaciones, el ex miembro del consejo sindical minero de Vigilancia y Justicia de la sección 271, César Reyes en entrevista telefónica puntualizó que el origen de las agresiones que han padecido desde hace dos años cincuente trabajadores despedidos de la siderúrgica, son los actos de corrupción que detectaron y denunciaron en su momento por parte de la gente de Napoleón Gómez Urrutia quien, una vez enterado de los hechos, en lugar de corregir las anomalías expulsó a los denunciantes.

Conflicto añejo

Reconoció que forman parte del comité provisional de Elías Morales, pero que la lucha que están librando data de dos años atrás y, muestra de ello, refirió, son las denuncias penales que han presentado y de las cuales las autoridades locales y estatales tienen conocimiento y no han querido resolver.

Según su versión, las agresiones comenzaron el pasado jueves cuando uno de sus compañeros fue golpeado y despojado de su vehículo cuando salía de una sesión de Alcohólicos Anónimos, "y existe la denuncia correspondiente". Mencionó que este viernes trabajadores despedidos se presentaron en un crucero de la ciudad de Lázaro Cárdenas para distribuir volantes en los que denunciaban los hechos.

Fueron descubiertos por la gente del delegado especial de Napoleón Gómez Urrutia en la entidad, Mario García Ortiz, y el secretario de la sección, Martín Rodríguez Piedra, quienes por 10 kilómetros los siguieron hasta llegar al poblado de Guacamayas, donde "los acorralaron y golpearon" en las instalaciones de la planta potabilizadora de la localidad, que es propiedad colectiva otorgada hace un año por el gobierno estatal para apoyar la economía de las familias de los despedidos, en tanto se resuelve su demanda laboral.

Dijo que entre los denunciados están dirigentes seccionales, el tesorero, Roberto Martínez; el secretario del Trabajo, Juan Delgado Jiménez, así como Tomás Aguirre, Jorge Chalteco y Jorge Luis Mario Sóstenes.

Lamentó que a pesar de la serie de denuncias judiciales y pruebas presentadas ante las autoridades competentes, éstas se nieguen a ejercer acción penal alguna, "por el miedo que le tienen a la dirigencia sindical y a sus grupos de golpeadores".

Además, negó categóricamente que él o sus simpatizantes hayan sido autores del presunto secuestro de la esposa e hijos de Mario García Ortiz y de las supuestas agresiones a su domicilio.

Ayer se informó que la señora Elena de los Santos Echeverría "fue liberada".

"Lo informado por gente de Napoleón Gómez Urrutia es una vil mentira. Nosotros no tenemos nada con la familia de Mario García ni tampoco nos dedicamos al secuestro. Tenemos demanda tras demanda de agresiones y todavía estamos esperando que se resuelvan. Ayer, a pesar de que estaban presentes autoridades cuando ocurrían las agresiones, no hicieron nada. Se retiraron y dejaron que golpearan a los compañeros. Mejor la población intervino y de eso hay videos", destacó.

En la plática pidió a la base trabajadora y a la Secretaría del Trabajo que para acabar con las agresiones, que promuevan la realización de una convención nacional extraordinaria para ratificar y rectificar a la dirigencia minera, conforme a los estatutos. Sin embargo, comentó, la gente de Gómez Urrutia se opone porque enfrentan la demanda por desvío de 55 millones de dólares.

Imagen fragmentada

El secretario de Acción Política del sindicato minero, Carlos Esquer, expresó que los medios de comunicación están manipulando la información y dando una imagen fragmentada del sector minero.

Por la noche, el sindicato emitió un comunicado en el que responsabilizó "de las agresiones sufridas por trabajadores de la sección 271", a Elías Morales y a sus seguidores, quienes utilizaron en la gresca a "esquiroles pagados por él, en contubernio con Grupo Villacero y Grupo México, que son los verdaderos autores intelectuales de esta campaña de difamación en contra de nuestra dirigencia nacional".

Exigió que se detenga la intervención de estas empresas mineras en la vida interna sindical. Destacó que los hechos de ayer "empañan la tranquilidad social de la sección 271 y aumenta el repudio de la base trabajadora". Condenaron el presunto secuestro y adelantaron que levantarán denuncias penales y demandarán "la inmediata consignación y aprehensión de todos los implicados".

A la Secretaría del Trabajo le demandó que "salga de su pasividad y dé una respuesta integral ante la intromisión" a la autonomía sindical que padecen.

 
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