Piden afectados la intervención del gobierno chiapaneco
Católicos nos quitan beneficios de Procampo y el agua, acusan evangélicos
San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de enero. Indígenas católicos de la comunidad Los Pozos, municipio de Huixtán, suspendieron el servicio de agua potable y los beneficios del Programa de Apoyo al Campo (Procampo) a varias familias que profesan la religión evangélica, informó Reynaldo Gómez Ton, representante de la organización protestante Alas de Aguila.
En conferencia de prensa explicó que "con picos y palas llegaron varios católicos a destrozar la tubería" la noche del pasado martes 30, para obligar a los evangélicos a cooperar para la celebración de fiestas religiosas. Aseguró que la suspensión del servicio de agua, que afecta a unas 40 personas, no se debe a que los evangélicos no hayan participado en los trabajos para el mantenimiento del sistema, pues "todos cumplimos con la cooperación y las tareas comunitarias, sino a que quieren obligarnos a dar dinero para sus fiestas".
Gómez Ton afirmó que los católicos también dejaron fuera de los beneficios del Procampo a 10 hombres que profesan la religión evangélica. "Hemos firmado y cooperado para el apoyo del fertilizante y mata zacate (herbicida) que mandó el gobierno, pero no nos dieron ese apoyo, lo agarraron ellos, a pesar de que algunos no estaban en la lista".
El representante de los protestantes aseguró: "los católicos nos dijeron que nos van a entregar el apoyo del Procampo si cooperamos para sus fiestas religiosas".
Agregó que como parte de los actos de "hostigamiento", los católicos les prohibieron el pasado 21 de enero cortar leña para su servicio. Gómez Ton pidió la intervención de las autoridades estatales.
El indígena responsabilizó de las agresiones a Damián Santís Gómez, Reynaldo Méndez Ara, Sebastián González Cruz, Pedro Méndez Ton, Adolfo Ton Pech, Francisco Cruz Gómez, Emilio Pech Aguilar, Pedro Gómez Méndez y Marcelino Morales Ara.
En diciembre pasado, los evangélicos denunciaron que los católicos los emplazaron a salir de la comunidad si se negaban a cooperar para las fiestas católicas, amenaza que se frenó luego de la intervención del gobierno del estado.