Editorial
Reconstruir el poder electoral
El principal argumento para destinar miles de millones de pesos a la manutención de partidos políticos y de procesos, instituciones y burocracias electorales ha sido la necesidad de invertir en mecanismos democráticos sólidos y confiables, en el entendido de que la democracia no tiene precio. Tal razonamiento ha servido de paraguas para un injustificable dispendio de recursos públicos en un entorno social caracterizado por la necesidad, la pobreza y la miseria, y en medio de sistemas públicos de salud y educación que se caen a pedazos. Los principales beneficiarios de las partidas presupuestales multimillonarias para institutos políticos y elecciones han sido, en primer lugar, los accionistas del duopolio televisivo, que se embolsan la parte del león de los gastos de publicidad de los partidos; las burocracias de éstos, que no necesariamente representan posturas o ideologías definidas, y que incluso funcionan como empresas familiares caso del Verde Ecologista de México o como patentes ajenas a toda suerte de fiscalización; se benefician, en tercer lugar, los funcionarios y la alta burocracia del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes abusan, a semejanza de legisladores y magistrados, de lo que constituye, en los hechos, un ofensivo fuero salarial.
Si se coteja los sueldos y las canonjías de los consejeros electorales incluida esa "dote matrimonial" de 250 mil pesos de que dispuso Luis Carlos Ugalde con su desempeño en los comicios del año pasado, resulta inevitable concluir que el presupuesto de la institución es un completo desperdicio. En efecto, en ese proceso el consejo del IFE no quiso o no pudo impedir ni sancionar las desviaciones de la Presidencia de la República, que metió las manos hasta donde quiso en las campañas para apoyar a su candidato, Felipe Calderón, ni para poner un alto a la guerra de lodo entre los aspirantes, ni para meter en cintura a organismos empresariales que hicieron propaganda ilegal a favor del actual titular del Ejecutivo. Posteriormente, la entidad presentó unos resultados inverosímiles, el propio Ugalde declaró vencedor a Calderón, a contrapelo de la ley, y el IFE se rehusó a dar transparencia y certidumbre, mediante un recuento general de los sufragios, a unas cifras sospechosas que no convencieron a, por lo menos, un tercio del electorado. Como consecuencia, la sociedad experimentó una fractura política que aún persiste y que no será fácil remediar, el país entró en una crisis política sin precedente y el gobierno que arrancó el pasado primero de diciembre lo hizo con un acuciante déficit de legitimidad y de consenso. En suma, la normalidad democrática, cuya condición de base es la credibilidad de los procesos electorales y la aceptación de triunfos ajenos y derrotas propias, quedó hecha añicos, y en ello los actuales consejeros electorales tienen una responsabilidad principalísima.
En premio a su pésimo desempeño, en diciembre pasado los dirigentes del IFE se otorgaron a sí mismos y a la burocracia que los rodea un incremento salarial que elevaba sus ingresos mensuales a casi 180 mil pesos, ello sin contar aguinaldos, bonos especiales y prestaciones como la referida "dote matrimonial" de Ugalde.
Lo más exasperante del caso es que esta clase de apropiaciones privadas de recursos públicos, por obscenas que resulten, no constituyen, en estricto sentido, una ilegalidad, y que no hay, por lo tanto, irregularidad alguna que perseguir. En el conjunto de las instituciones públicas, el latrocinio institucionalizado que en forma encubierta se practicaba en décadas pasadas en la administración fue legalizado en los últimos tres sexenios, y hoy, en ejercicios de "transparencia administrativa", los altos funcionarios de todos los poderes y niveles de gobierno ostentan sin pudor los salarios astronómicos que se conceden a sí mismos. El enriquecimiento en el poder se ha vuelto explicable y la vieja hipocresía "roba, pero que no te descubran" ha dado paso al nuevo cinismo: tomar del erario las cantidades que se desee, a condición de inscribirlas en los proyectos de presupuesto y de hacerlas del dominio público.
Para volver al IFE, es meridianamente claro que sus directivos lo llevaron a la bancarrota moral y que la dependencia, en su configuración actual, ya no le sirve al país. Se requiere, ahora, de una nueva legislación electoral que impida la repetición de las gravísimas distorsiones ocurridas en el proceso comicial del año pasado, de funcionarios con una mínima credibilidad y de un órgano electoral capaz de reconstruir lo que los actuales consejeros dilapidaron al parejo que los fondos: la confianza de la ciudadanía.