Desecha queja albiazul sobre postulación de ediles en BC
Ratifica el TEPJF triunfo del panista Emilio González Márquez en Jalisco
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Sesión ordinaria de pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por el presidente magistrado Flavio Galván Rivera
Foto: Carlos Ramos Mamahua
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó anoche la elección de gobernador en Jalisco el pasado 2 de julio, que había impugnado la coalición Por el Bien de Todos con el argumento de diversas irregularidades que conformaban un escenario para una nulidad por causal abstracta. Así, los magistrados determinaron por unanimidad confirmar la victoria del panista, Emilio González Márquez.
El TEPJF desestimó los tres argumentos centrales de la coalición PRD-PT, al establecer que en el agravio reclamado que cuestionaba el hecho de que el Tribunal Estatal Electoral no le informó cómo solventar los errores en la presentación de la queja, los magistrados determinaron que no hay disposición legal que obligue al organismo a subsanar estas deficiencias.
Al mismo tiempo, los magistrados desecharon la impugnación del PAN en Baja California sobre la determinación del Consejo Estatal Electoral de establecer que no operaba para los alcaldes la prohibición a funcionarios de solicitar permiso para contender por otro cargo, según una reforma constitucional local.
Sin ahondar en su argumentación para desechar la demanda panista dirigida a controvertir un acuerdo que abre la puerta al priísta Jorge Hank Rhon para contender por la gubernatura se destaca que "la violación reclamada no resulta determinante para el desarrollo del proceso electoral o para su resultado final".
Más adelante, en la resolución aprobada se explican las razones por las cuales no entraron al fondo del asunto es decir, determinar la validez del acuerdo. Los magistrados destacan que "ello implicaría que este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre situaciones jurídicas futuras e inciertas". El sistema de medios de impugnación, agregaron, se establece para "un acto cierto y determinado y no sobre la especulación o posibilidad de que se llegase a una situación supuestamente violatoria de derecho".