Usted está aquí: miércoles 31 de enero de 2007 Mundo Será la justicia argentina, no el gobierno quien determine el caso de Isabelita

"No hay pactos de impunidad": ministro del Interior

Será la justicia argentina, no el gobierno quien determine el caso de Isabelita

STELLA CALLONI/I PARTE CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de enero. El gobierno argentino defendió la independencia de la justicia al advertir que "no hay pactos de impunidad con nadie", en referencia a la causa que investiga a la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y, en este caso, la solicitud de extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) quien gobernó el país entre julio de 1974 hasta su derrocamiento por el golpe militar en marzo de 1976.

El tema de la Triple A es ahora parte de la investigación que lleva adelante la justicia contra el terrorismo de Estado que se aplicó aquí en los años 70.

"Si está interviniendo la justicia el gobierno no opera en favor ni en contra de nadie, ni en favor ni en contra de particular, político o ex presidente", dijo el ministro del Interior Aníbal Fernández al señalar que será la justicia la que deba resolver si la ex mandataria tuvo o no responsabilidad en aquellos sucesos.

La estrategia de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma de actuación de la Triple A, es tratar de imponer mediáticamente que se trata de una "venganza" de la izquierda peronista en el gobierno actual, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares. Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el contexto de la carrera electoral.

Sin embargo, la causa de la Triple A se iba a investigar tarde o temprano por las consecuencias de su accionar y su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.

En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972 ­entre otros hechos graves­ ocurrió la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew al sur del país. El aparato represivo ilegal "comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal) Alberto Villar", quien era entonces director general de Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policía Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.

Señaló el mismo testigo, "desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales" y por eso "fue después una de las principales vertientes de la Triple A"

Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, terminando con un largo periodo de proscripción del Partido Peronista, estaban armadas las estructuras de las dictaduras anteriores y la organización de Villar, ligada a grupos nazis, fue clave para los proyectos que trajo el ex cabo policial José López Rega.

Introducido en el entorno de Perón en el exilio, López Rega manejaba a Isabelita y armó un cerco alrededor del presidente que perduró hasta la muerte de éste, en julio de 1974.

Gracias a la renuncia de Cámpora, Perón fue electo el 22 de septiembre de 1973 por tercera vez en la historia nacional. En el lapso entre la renuncia de Cámpora y la llegada de Perón estuvo como presidente interino nada menos que Raúl Lastiri, yerno de López Rega.

Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que a partir de junio de 1973 López Rega que había tenido "contactos de trabajo" con la embajada de Estados Unidos en España, gracias a lo cual conoció a siniestros personajes de los escuadrones de la muerte en América Latina, y comenzó a preparar a lo que sería la banda parapolicial cuyo objetivo era acabar con los dirigentes más activos de la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.

Fue López Rega quien volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán, en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.

Asimismo, ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras. Villar era viejo amigo del fallecido dictador de Bolivia, Hugo Bánzer Suárez.

De modo que el tema de la triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadunidense trabajó con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos a sus países de origen, que era como entregarlos a la muerte.

 
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