Pide al Congreso aprobar una reforma por consenso
Lujambio: hay que dar rango constitucional a transparencia
En un exhorto a diputados y senadores para aprobar por "consenso y de forma pluripartidista" la reforma al artículo sexto de la Carta Magna, que elevaría a rango constitucional el acceso a la información y la transparencia en el ejercicio del poder público, Alonso Lujambio Irazábal, consejero presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aseguró que con esta iniciativa el organismo "no busca, a río revuelto, pescar ventajas, facultades, ni recursos".
En entrevista, luego de participar en la inauguración de un encuentro de especialistas para analizar el tema, convocado por la Universidad Iberoamericana, destacó que México no puede permitir "zonas de opacidad" donde se ejercen grandes cantidades de recursos públicos, "pues no es admisible que una regla básica de la democracia, como la rendición de cuentas, quede sujeta al arbitrio, la coyuntura o el capricho".
Señaló que una de las "grandes innovaciones" con la llamada Iniciativa de Chihuahua impulsada por los gobernadores de Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, es que incluye a los partidos políticos "como sujetos directos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo que permitiría fortalecer su credibilidad, tan deteriorada ante la sociedad".
Por su parte, José Woldenberg, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex presidente del Instituto Federal Electoral, afirmó que así como se protege el derecho de acceso a la información, también es necesario incluir el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos, pues ahí donde existen leyes de transparencia se tratan de proteger los datos personales, que son patrimonio única y exclusivamente de las personas y nadie más debe tener acceso a ellos".
Jorge Carpizo McGregor, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex rector de la máxima casa de estudios, subrayó que si bien existen "reglas universales" en las democracias occidentales que señalan que debe existir "acceso total" a los documentos públicos, también establecen que la vida privada de los funcionarios sólo compete a su intimidad.
Sin embargo, aclaró, "existe una excepción, pues si algún aspecto de la vida privada de los funcionarios afecta su desempeño dentro de la función pública que están desarrollando, entonces todos tenemos derecho a saberlo, porque compete a la sociedad, ya que podría afectar sus intereses".
Por otro lado, este miércoles el pleno del IFAI evaluará otros recursos interpuestos en contra de ese organismo. Uno de ellos, porque el órgano interno de control del máximo organismo en hacer cumplir la ley de transparencia evadió responder si habría interpuesto algún procedimiento en contra del ex comisionado Horacio Aguilar Alvarez, arguyendo que ese asunto "no es de su competencia", sino de la Secretaría de la Función Pública.
También se le demandó al IFAI información en torno a la cantidad que erogó para cubrir el costo del denominado Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la ley. Tales "sujetos" corresponden a los poderes Legislativo y Judicial, incluyendo los tribunales administrativos y judiciales, la UNAM, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros.
El IFAI entregó copia del cheque por la cantidad de 350 mil pesos que pagó al Centro de Investigación y Docencia Económicas por la realización de diversos trabajos. Sin embargo, el solicitante de la información, insatisfecho con la respuesta de la Unidad de Enlace del instituto, impugnó la respuesta.