El consejo de administración de la petrolera tendrá facultades casi ilimitadas

Impulsan PAN y PRI cambios legales para abrir Pemex a la IP

La empresa se transformaría en órgano público descentralizado, con autonomía de gestión, técnica y presupuestal

Se busca eludir la Constitución para que entre capital privado: expertos

ISRAEL RODRIGUEZ

Los cambios a disposiciones legales en Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que impulsarán legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para abrir espacio a la inversión privada en actividades hasta ahora reservadas constitucionalmente al Estado, se harán a partir de la inclusión de consejeros independientes en el consejo de administración de la paraestatal, que tendrá facultades casi ilimitadas.

De acuerdo con el predictamen que cabildean los legisladores de ambos partidos, y que se prevé que incluyan en el próximo periodo ordinario que empieza el 8 de febrero, se incorpora la pretensión de que Pemex se transforme en un organismo público descentralizado, constituido bajo el régimen legal de sociedad de interés público, la cual estará dotada de autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Esto le permitirá al gobierno federal, que será el único propietario y titular de las acciones de Pemex, emitir títulos en el mercado bursátil, con los cuales sus tenedores privados podrán participar en las utilidades de la empresa.

Inicialmente estos instrumentos denominados Certificados Petroleros de Fomento Social no tendrán derecho a propiedad y podrán ser titulares de los certificados únicamente personas físicas de nacionalidad mexicana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las administradoras de los fondos para el retiro (Afore).

Aunque no se establece el monto del capital que Pemex podría colocar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), algunas propuestas establecen que pudiera ser hasta 49 por ciento del capital social del organismo que ahora se regiría bajo los lineamientos de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Las personas que adquieran los títulos de Pemex podrán detentar individualmente hasta 3 por ciento de los certificados colocados.

Para su emisión el gobierno federal constituirá en Nacional Financiera un fideicomiso público que funja como agente financiero para la colocación, registro y redención de los Certificados Petroleros de Fomento Social.

Innovaciones en el consejo

Entre las innovaciones que se buscan incluir en las modificaciones a disposiciones de la Ley Orgánica de Pemex y sus organismos subsidiarios, de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, será la facultad que Pemex tendrá para celebrar con personas físicas o morales toda clase de ''actos, convenios y contratos'', así como la suscripción de títulos de crédito.

Por su parte, el predictamen que aun no tiene oficialización porque no ha sido consensuado por la Comisión de Energía y el pleno de la Cámara de Diputados, pero que cabildean el PRI y el PAN, establece que el consejo de administración de la paraestatal estará integrado por 15 miembros. El secretario del ramo, y otros cuatro nombrados por el Ejecutivo federal; tres miembros serán designados por el sindicato de Pemex, y los siete últimos serán consejeros ciudadanos o independientes que velarán por los intereses de los accionistas minoritarios, es decir, los privados.

Formarán parte del consejo de administración con derecho a voz, y sin voto, el director general de Pemex y dos funcionarios que el consejo designe del segundo nivel jerárquico de la empresa, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y representantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, designados estos por los órganos de gobierno de dichas instituciones educativas.

Al consejo de administración se le otorgarán facultades, entre las que destacan la posibilidad de nombrar y remover al director general y los funcionarios que ocupen el segundo nivel jerárquico de la empresa. Los nombramientos se realizarán a propuesta del director general.

También podrá evaluar el desempeño del director general y de los funcionarios de segundo nivel, fijando para ello indicadores objetivos y cuantificables.

Deberá aprobar las condiciones generales de trabajo que deban observarse en las relaciones entre la empresa y su personal, así como los tabuladores de sueldos; en ningún caso las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la sociedad podrán exceder las que perciben los miembros del consejo de administración.

Este nuevo consejo de administración también tendrá la facultad de fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios que enajene y que no sean objeto de regulación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

También podrá emitir el estatuto orgánico de la empresa, así como la normativa relativa a la buena marcha de la gestión administrativa.

Además, podrá elegir de manera directa las obras vinculadas con la prevención o remediación de derrames, trabajos de mantenimiento preventivo y el suministro de refacciones o accesorios para equipos, de no existir por lo menos tres proveedores o contratistas idóneos.

El órgano de control interno de la empresa será designado por el consejo de administración, y se denominará Comité de Auditoría, quedando jerárquicamente subordinado sólo a dicho órgano colegiado.

En lo relativo al presupuesto destinado para la operación normal de Pemex, aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la empresa tendrá la autonomía y libertad para su manejo y administración, ''sujeto a los controles que determine su consejo de administración''.

Para algunos analistas la visión de este cambio en el marco jurídico que negocian los legisladores del PRI y PAN es eludir la Constitución y abrir espacios al capital privado, principalmente internacional.