La Secretaría de Gobernación y la CNDH, destinatarios de la solicitud

Esposas de los hermanos Sosa piden que los acerquen a penales de Oaxaca

Lanza el PRD iniciativa para instaurar el plebiscito en la entidad y evitar malos gobiernos

OCTAVIO VELEZ ASCENSIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 28 de enero. Las esposas de los hermanos Flavio, Horacio y Erick Sosa Villavicencio, quienes se encuentran presos en reclusorios federales, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sus cónyuges sean traslados a prisiones de Oaxaca.

"No hay razón para mantenerlos allí debido a que los delitos imputados son del fuero común", expresó un familiar de los reclusos que recientemente fue a visitarlos y que pidió no ser identificado para evitar represalias.

De acuerdo con parientes de los hermanos Sosa Villavicencio, la petición fue presentada hace más de un mes por las señoras Beatriz Castañeda y Eva Martínez, cónyuges de Flavio y Horacio, quienes se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ubicado en Almoloya, estado de México, así como por Graciela Eguía, esposa de Erick, quien se encuentra en el penal de Matamoros, Tamaulipas.

El familiar que visitó a los reclusos explicó que Gobernación recibió la solicitud por escrito, el 21 de diciembre del año pasado, durante la última mesa de diálogo con la representación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la ciudad de México, "pero hasta ahora no existe ninguna respuesta, a pesar de no ser responsables de alguna de las acusaciones, porque no incurrieron en alguna trasgresión a la ley por participar en el movimiento".

Agregó que las cónyuges de los presos "están sorprendidas como el Estado mexicano manipuló las leyes para encarcelar a ciudadanos que luchan por un ideal, mientras que verdaderos delincuentes están libres, con total cinismo".

Flavio, señaló, está procesado en seis expedientes que están relacionados con la quema del entarimado del auditorio de la Guelaguetza y del Tribunal Superior de Justicia del estado, la toma de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el saqueo del palacio municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, así como de la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la Policía Ministerial del estado, uno de ellos ya fallecido.

"No hay ninguna prueba (de esas acusaciones) porque esos delitos nunca fueron cometidos por él; está castigado por razones políticas", apuntó la fuente.

Subrayó que su familiar, a pesar de confiar en la justicia, exige su libertad inmediata "en honor a la mentada legalidad y estado de derecho que tanto hablan los políticos".

Señaló que "la vida en un penal federal es inhumana; (y) lo que se pretende es acallar las voces críticas de un pueblo que cada vez es más consciente y más exigente ante la ola de arbitrariedades del gobierno del tirano (el mandatario estatal Ulises Ruiz)".

Consulta polular

Mientras, ante el conflicto político social en la entidad, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local presentó una iniciativa de ley de participación ciudadana para instituir el referéndum, el plebiscito y la consulta popular en la entidad.

Con lo anterior se pretende "evitar malos gobiernos, decisiones arbitrarias, proyectos sin consulta, discrecionalidad en el uso de los recursos, los excesos y los abusos de los poderes públicos", señaló el diputado Lenin López Nelio, autor del proyecto de ley.

"No es violentando los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como deben atenderse y resolverse los problemas y exigencias de los oaxaqueños; por el contrario la participación de la sociedad debe ser el mejor activo de los buenos gobiernos", indicó el legislador.

A su vez, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, se solidarizó con los deudos de las víctimas del accidente de un autobús en Huautla de Jiménez, en el que murieron más de 30 personas, y exigió a las autoridades justicia para los deudos.

También pidió que se sancionen las violaciones a derechos humanos cometidos por la Policía Federal Preventiva, que han sido denunciados por organismos civiles, en contra de miembros y simpatizantes de la APPO.