ONG recopila versiones de jueces y MP que lo confirman
Las detenciones arbitrarias, una constante en varias entidades
La Asociación Mexicana para las Naciones Unidas asevera en su estudio El barómetro local, una silueta del debido proceso penal en Chiapas, el Distrito Federal, Durango, Morelos y Nuevo León, que las detenciones arbitrarias constituyen sin duda una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes, y principalmente afecta a las personas más pobres.
Como muestra de ello, en el estudio presenta extractos de entrevistas con un juez, un fiscal y un defensor de oficio en cada una de las entidades analizadas. En Chiapas, por ejemplo, los funcionarios entrevistados manifestaron:
"Los policías municipales son unos bárbaros, (a los detenidos) los sacan del domicilio. El inconveniente que existe acá es que no se cuenta con los servicios periciales en el lugar, los tienen que traer de otros lugares. Entonces se tiene a veces que privarlos de su libertad porque no se tiene otra opción."
En cuanto a las violaciones a la integridad personal del detenido, los funcionarios entrevistados dijeron: "primero los pasean a los detenidos, los llevan a una oficina diferente a la del agente del Ministerio Público (MP), ahí les sacan algo sobre el delito que están investigando y ya después los llevan ante el MP".
"Cuando ingresa una persona a prisión preventiva está sujeta a autoridad ministerial y ellos tienen una lista, y nadie de afuera tiene acceso a ella... los procesados dicen que pasan como un día y medio o dos días sin comer, ya después les dan, pero poquito."
En el caso del Distrito Federal, la situación no es muy distinta. Las entrevistas con un juez, un agente del MP y un defensor de oficio dan cuenta de ello.
En cuanto a las violaciones a la libertad personal aseveran: "no interesa cómo detienen, sólo se le permite al juez estudiar si se dan estos requisitos (de caso urgente o flagrancia); muchas veces la policía lleva a la gente a declarar sin ningún elemento; el problema es que la policía judicial detiene e interroga por su cuenta y luego los lleva con el MP".
"Hay incentivos para integrar averiguaciones previas; se busca consignar a más personas, y no importa verificar la legalidad de la detención."
Por lo que se refiere a la integridad personal, los funcionarios entrevistados por la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas destacan: "hacen un rol de detenidos y lo pasan al fiscal, pero esta lista no está a la vista del público".
"No creo que se deba tener una lista pública, 'porque pueden verla los otros que participaron en el delito'. Y es una practica común que a los detenidos no se les deje hablar con su defensor antes de que inicie la declaración preparatoria.
"Están capacitados los ministerios públicos y policías para golpear sin dejar huella, y como la tortura se tienen que acreditar, ellos como la institución buscan cubrirse."
En Durango la situación no es distinta: en lo que se refiere a la libertad personal, los funcionarios sostienen: "si se llega a calificar como ilegal una detención, se libera a la persona, pero se le detiene a la salida con una orden de aprehensión librada por el juez en el momento".
En relación con la integridad personal, aseguran: "todavía llegan detenidos que son golpeados por los policías investigadores; cuando el detenido está a punto de declarar y llega el abogado, see le pide que espere hasta que declare".
En el caso de Morelos, los funcionarios entrevistados destacan: "los ministerios públicos simulan la flagrancia tratándose de delitos graves, 'cuando creen que no hay otra forma de detener a la persona', o también el ministerio público suele 'arreglar' lo que el policía le presenta para que ante el juez todo aparezca dentro de la legalidad. Ni el MP ni los jueces dejan libres a las personas que han sido detenidas ilegalmente, por miedo a las sanciones morales y políticas. Los jueces entienden a los ministerios públicos, pues sus plazos son muy cortos".
Por lo que se refiere a la integridad personal, señalan: "los policías les dan sus vueltas a los detenidos antes de llegar con el Ministerio Público. No hay dinero para darles alimentos; son los familiares de los detenidos quienes llevan comida y la comparten".
En el caso de Nuevo León, el panorama es parecido. "Las detenciones ilegales se dan en caso de delitos graves; la policía planta armas blancas o inclusive mariguana, inventan operativos de revisión y detienen especialmente a jóvenes. Siempre se quedan en prisión las personas que fueron detenidas ilegalmente".
En el aspecto de integridad personal del detenido, los funcionarios entrevistados señalan: "a veces la policía ministerial tarda en llevar a los detenidos ante el Ministerio Público en referencia a las 'paseadas'; no hay acceso a los abogados antes de la declaración ministerial, no se permite el acceso a médicos particulares".