Editorial
Medida ambivalente
El anuncio presidencial de subsidiar en 25 por ciento el consumo de energía eléctrica de 5 millones de familias inscritas en el programa Oportunidades significaría, de llevarse a la práctica, un alivio para un sector de los mexicanos más pobres en una circunstancia de carestía generalizada de los bienes básicos de consumo. El margen de duda obedece, por una parte, a la constatación del fracaso del tímido ensayo gubernamental de fijación al alza del precio de la tortilla con el diagnóstico que ello implica en materia de voluntad política y de margen de maniobra presidenciales, y por la otra, a la incertidumbre presupuestal de la medida: hasta ahora se desconoce de dónde pueden salir los 3 mil millones de pesos que costaría este "Oportunidades Energético".
Es preciso reiterar: si se concreta, el subsidio será una decisión intrínsecamente correcta, aunque aislada en el contexto de una estrategia gubernamental claramente antipopular y orientada, hasta ahora, a beneficiar a los grandes conglomerados industriales, comerciales y financieros. Toda decisión que permita atenuar la angustiosa situación de los millones de mexicanos que viven en la pobreza a secas y en la pobreza extrema es merecedora de aprobación.
Por lo demás, este "Oportunidades Energético" constituye un reconocimiento oficial, así sea implícito, de la exasperante circunstancia en la que se encuentra un sector de la sociedad tras seis años de un primer gobierno panista que, en vez de consagrarse a combatir la miseria nacional, optó por encubrirla mediante la formulación sistemática de mentiras. Ahora, en la medida en que el gobierno juzga prioritario ayudar a algunos de los más pobres con 50 pesos en promedio para que paguen su consumo de electricidad, tendría que reconocerse en forma explícita y amplia que el bienestar y la prosperidad, temas protagónicos del discurso oficial hasta el pasado primero de diciembre, no fueron más que fantasías incubadas en Los Pinos.
Desde otro punto de vista, no puede dejarse de lado que el anuncio se inscribe plenamente en lo que durante el año pasado el candidato Felipe Calderón, actual titular del Ejecutivo, y sus partidarios, describían como políticas "populistas y demagógicas" que resultaban "un peligro para México", en referencia a las propuestas de campaña de su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. No es el único caso de ese propósito anunciado posteriormente por el propio Calderón de "rebasar por la izquierda" a la propia izquierda electoral y que consistiría, a lo que puede verse, en tomar prestadas algunas iniciativas lopezobradoristas, así fuera para neutralizar algunos de los descontentos sociales más evidentes. El día de su toma de posesión ofreció efectuar un recorte salarial de 10 por ciento en el equipo de la Presidencia una reducción insustancial y efectista, como se señaló entonces-- y ahora propone una reforma constitucional para homologar las percepciones monetarias de los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales y organismos autónomos, como el IFE, cuyos consejeros se regalan unos ingresos desmesurados y obscenos en un país que tiene a una quinta parte de su población en pobreza extrema.
Lo criticable no es la medida, sino la incongruencia y la falta de escrúpulos con que se adoptan, hoy, propuestas que hace un año eran descalificadas con virulencia, y el hecho coloca al calderonismo ante una disyuntiva inevitable: se mintió durante la campaña para obtener beneficios electorales o se actúa ahora a contrapelo de las convicciones propias para seducir a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Para finalizar, resulta embarazoso, por decir lo menos, el entusiasmo con el que la clase política y la orquesta mediático-financiera, aliada y socia del panismo gobernante, aplauden hoy lo que el año pasado era una típica propuesta del "peligro para México". La hipocresía y el pragmatismo que dejan traslucir esas conductas son un factor de descomposición cívica en un país que cuenta, entre sus peligros reales, la pérdida de la decencia política y de la ética republicana.