Guadalupe Larriva viajaba en helicóptero hacia la zona de Manta
Muere la ministra de Defensa de Ecuador en un accidente aéreo
Amenaza movimiento indígena con una rebelión si no aprueban consulta para la Constituyente
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En imagen del 3 de enero de este año, Guadalupe Larriva, ministra de Defensa de Ecuador, que anoche murió al chocar el helicóptero en que viajaba
Foto: Reuters
Quito, 24 de enero. La ministra de Defensa de Ecuador, Guadalupe Larriva, murió esta noche en un accidente aéreo cuando el helicóptero militar en el que viajaba chocó con otro en las inmediaciones de la base de Manta, sobre la costa del Pacífico, informaron fuentes gubernamentales y militares.
Larriva, de 50 años, profesora y dirigente socialista, la primera mujer y civil que dirigía esa cartera en la historia del país tras la asunción el pasado día 15 del presidente Rafael Correa, pereció junto con una de sus hijas, Claudia Avila, cuando realizaba en uno de los helicópteros una visita a las guarniciones de las fuerzas armadas en Manta, en cuya área Estados Unidos tiene una base antidrogas.
El presidente Correa se trasladó al lugar del accidente para conocer de primera mano los hechos, y pidió al pueblo ecuatoriano que "rece por Guadalupe, por su hija", tras el accidente en el que murieron también dos pilotos.
Otros reportes señalaron que en el helicóptero que chocó con el de la ministra Larriva viajaba la cúpula militar, lo que no pudo ser confirmado al cierre de esta edición.
De acuerdo con la televisión local, el choque hizo que las aeronaves estallaran en el aire. La emisora agregó que los cuerpos del resto de las víctimas están desperdigados en la zona del accidente, restringida por grupos de socorro y fuerzas militares.
Larriva tenía el reto de mantener bajo la égida civil a efectivos que han ejercido un papel vital en la destitución de los últimos tres presidentes electos en las urnas desde 1996, al retirarles públicamente su apoyo y dejarlos a merced de malestar y movilizaciones populares.
Horas antes, el poderoso movimiento indígena de Ecuador amenazó con una "rebelión" si el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aprueban antes del fin de semana la consulta popular sobre una Asamblea Constituyente, convocada por el presidente izquierdista Correa.
Los indígenas que representan 35 por ciento de la población ecuatoriana y que en la última década propiciaron la caída de tres mandatarios, cinco agrupaciones civiles y el partido oficialista Alianza País anunciaron la preparación de movilizaciones para impedir que el Legislativo opositor y el TSE saboteen la Constituyente.
El anuncio se produjo luego que el martes el TSE dejó la calificación de la consulta en manos del Congreso pese al rechazo de Correa en el poder desde hace diez días a que la medida sea avalada por el Parlamento, que este día decidió emprender sus propias reformas políticas para adelantarse al mandatario y dejar sin piso la Constituyente.
"Si el Congreso no tramita y el Tribunal no convoca a más tardar el fin de semana la consulta popular, habrá una rebelión indígena en todo el país", advirtió Humberto Cholango, presidente de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua de Ecuador (Ecuarunari).
Cinco organizaciones de campesinos, jubilados y comunidades negras también anunciaron marchas. Decenas de organizaciones sociales e independientes, integradas en el Acuerdo Nacional Constituyente, anunciaron del mismo modo que se sumarán a las movilizaciones en las calles en contra de la "sucia maniobra" del Parlamento.
Previendo las movilizaciones, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, pidió este día al gobierno garantizar la seguridad de los legisladores y confió en que haya celeridad en el estudio del plebiscito. Otras fuentes legislativas dijeron que el tema de la consulta que busca el gobierno será analizado el próximo martes.
Aunque fuentes oficialistas dijeron confiar en que se aprobará la consulta, el vicepresidente ecuatoriano Lenin Moreno dijo que el gobierno no descarta conformar un organismo paralelo al TSE si no se tramita el decreto del Ejecutivo sobre la consulta popular, que llamó el "plan B".
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, llamó a su vez a buscar soluciones conjuntas entre las funciones del Estado y, pidió de ser necesario, la intervención de la Iglesia católica, de los medios de comunicación y de otros organismos públicos.