Los gobernantes rechazaron 25% de recomendaciones sobre violación de derechos, afirma

Alentó el Ejecutivo la persecución política contra la CNDH en 2006, acusa Soberanes

El año pasado representó también un hoyo negro para la prensa, dice en la Permanente

VICTOR BALLINAS

Ante senadores y diputados de la Comisión Permanente, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, acusó ayer que en 2006 la autoridad "promovió y alentó" una persecución política contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "que fue tolerada, y quizá auspiciada" desde la jefatura del Estado ­el presidente Vicente Fox­ por haber señalado que elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) torturaron a un detenido.

Al presentar su informe de actividades 2006, el presidente de la CNDH subrayó: "estamos ciertos de que el estado de derecho es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir. Sólo los gobernantes ceñidos estrictamente a la ley pueden demandar el cumplimiento de los demás. Sólo en un país de leyes puede haber dignidad, igualdad, orden y respeto a los derechos humanos para todas las personas".

Desde la tribuna, subrayó: "en la CNDH no pugnamos por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos de usar las herramientas otorgadas por la ley. Haber debilitado al Estado, como sin duda se hizo, dejó a México en una situación precaria. Hoy es indispensable comenzar a preocuparnos no sólo por el tipo de gobierno existente, sino también por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más República en nuestra democracia".

En una apretada síntesis de dicho informe, Soberanes Fernández dijo que de 46 recomendaciones que emitió el año pasado por graves violaciones a los derechos humanos, casi 25 por ciento no fueron aceptadas por las autoridades a las que iban destinadas. Esto, abundó, es deplorable, no sólo por el mensaje de desprecio a las garantías individuales de los integrantes de la sociedad, sino también porque fomenta el clima de impunidad entre los servidores públicos, al darles una especie de patente de corzo frente a las violaciones a la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo".

A raíz de varios hechos que provocaron inquietud y turbulencia social ­dijo el ombudsman nacional­, la opinión pública se preguntó: "¿hasta dónde puede y debe acotarse la autoridad gubernamental y cuáles deben ser los límites del derecho a manifestarse? Y profundizó sus cuestionamientos sobre la tendencia a criminalizar la migración, demandó categóricamente su derecho a la seguridad, y pugnó con fuerza por una amplia libertad de prensa en favor del derecho a saber y opinar sobre los asuntos de interés público.

Refirió que las imágenes de 2006, "cuando vimos policías indefensos golpeados por ciudadanos, o a la inversa, ciudadanos indefensos golpeados por policías, siguen siendo no sólo una cicatriz en nuestra conciencia comunitaria, sino un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre la nítida frontera entre la venganza y el uso legítimo de la fuerza pública".

Destacó que la CNDH dio especial atención a cuatro casos de gran sensibilidad para la sociedad mexicana: Los mineros de Pasta de Conchos, en Coahuila; los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán; las violaciones sexuales en San Salvador Atenco, estado de México, y los maestros y activistas de la APPO, en Oaxaca.

Estos casos, apuntó, evidenciaron serias fallas en el funcionamiento del gobierno federal en su conjunto, "El abuso de la autoridad policiaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Atenco desnudó una alarmante realidad de nuestros cuerpos de seguridad. A los agravios físicos y sicológicos contra la población se sumó uno más: cuando la autoridad recibió y rechazó las recomendaciones y canceló toda posibilidad de investigación, abrió un espacio para la impunidad y el encubrimiento".

Dijo que 2006 fue un hoyo negro para la prensa en México. Así como es urgente e indispensable investigar las agresiones consumadas contra comunicadores, también lo es garantizar la protección legal que les permita realizar su labor social sin amenaza alguna.