Senadores discuten en Mérida reformas pendientes
Consejeros del IFE, en la mira del PRI
La fracción priísta en el Senado inicia hoy su reunión plenaria en Mérida, previa al periodo de sesiones de febrero, en la que habrá de definir cuestiones torales, entre ellas avanzar hacia una reforma del Estado que permita modificaciones a todo el sistema político y de gobierno, y necesarias para adecuar el marco comicial, lo que llevaría a la salida de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
El grupo de senadores que coordina Manlio Fabio Beltrones tienen en mente una serie de modificaciones constitucionales y a leyes secundarias para integrar una agenda legislativa de peso. Aunque no son ya el grupo mayoritario en Xicoténcatl, saben que su voto es fundamental para las otras fuerzas políticas, tanto el PAN, como el Frente Amplio Progresista, que integran PRD, PT y Convergencia.
La reforma electoral a fondo es un tema que desde la primera reunión de la bancada, en septiembre pasado, fue fundamental para los priístas, quienes están conscientes de que se requiere el cambio de todo el Consejo General del IFE, luego del grave conflicto poselectoral que se vivió de julio a diciembre de 2006.
Asimismo, los priístas discutirán como parte central de su agenda concretar la reforma del Estado, que quedó pendiente del pasado periodo de sesiones de diciembre, junto con dos iniciativas que interesan a las otras fuerzas políticas: la llamada ley antidiego, para evitar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre legisladores, que presentó el PAN, y las modificaciones constitucionales encaminadas a establecer un tope a los salarios de los servidores públicos de nivel medio y alto en los tres niveles de gobierno.
Es en esta última iniciativa, propuesta por el perredista Pablo Gómez, en nombre del Frente Amplio, donde el PRI tiene dudas, sobre todo en un punto del predictamen referido a normar las jubilaciones de funcionarios y ex funcionarios, a fin de terminar con pensiones millonarias, logradas a partir de acuerdos o decretos presidenciales.
En el predictamen se establece que las pensiones de los servidores públicos las establecerán el Congreso y los congresos locales para el caso de gobernadores y presidentes municipales a partir de una nueva ley. De aprobarse la reforma perredista, se anularían todas las pensiones y jubilaciones que han sido anteriormente otorgadas.