Es discriminatorio, afirma la funcionaria del "gobierno legítimo"
Viola derechos de 10 millones de niños, seguro a nacidos en este sexenio: Laurell
El "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador afirmó que el seguro médico para una nueva generación viola las garantías individuales de alrededor de 10 millones de niños menores de cinco años que nacieron antes del primero de diciembre de 2006 y, por ello, están excluidos de la atención médica universal y gratuita.
Aunque se supone que con el seguro médico se cumple un compromiso de campaña del gobierno de Felipe Calderón, el anuncio de la puesta en marcha del programa "despierta más dudas que certezas"; primero, porque discrimina a los niños que nacieron antes de que iniciara el sexenio.
En automático, se les niega su derecho a la protección de la salud, lo cual da cuenta de una "extraña interpretación de las leyes y falta de respeto a las instituciones", señaló la Secretaría de Salud del gobierno lopezobradorista.
La titular del organismo, Asa Cristina Laurell, también señaló que el seguro médico para los recién nacidos pone en evidencia las limitaciones del Seguro Popular. Al tomar como referencia las estimaciones demográficas del Consejo Nacional de Población, comentó que el seguro médico calderonista sólo prevé atender a 60 por ciento de los niños que carecen de acceso a las instituciones de seguridad social, lo que equivale a los 734 mil menores que se mencionan en el programa oficial.
Recordó que el principal problema para la prestación de servicios del Seguro Popular ha sido la insuficiencia de infraestructura, equipamiento y personal en los centros estatales de salud. Mencionó que las 12 entidades más pobres y el estado de México no tienen siquiera 0.5 camas por cada mil habitantes, lo que significa que el sistema nacional de salud es incapaz de garantizar la atención universal de los recién nacidos. Lo anterior, dado que IMSS e ISSSTE tienen sobrecarga en sus demandas de servicios por sus derechohabientes.
En tanto, apuntó Laurell, la contratación de servicios médicos privados sólo da cuenta del "afán privatizador del gobierno de la derecha y la intención de transferir a ellos los recursos públicos, aún en contra de las disposiciones de la ley".