La norma plantea incorporación de la agresión sexual y criterios contra embarazos no deseados

Temen ONG que Salud frene NOM sobre violencia familiar

El director jurídico, y también abogado de Norberto Rivera, administrará además fondos de beneficencia

ANGELES CRUZ MARTINEZ

La actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 190, sobre violencia familiar, es uno de los primeros temas que tiene en sus manos el nuevo director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa), Bernardo Fernández del Castillo, también abogado del cadenal Norberto Rivera.

Organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de que el proyecto quede atorado en esa oficina, porque plantea la incorporación de la violencia sexual, así como los criterios médicos para la prevención del embarazo no deseado, por medio del acceso a la anticoncepción de emergencia y, en su caso, la interrupción legal del embarazo.

La NOM vigente desde 1999 sobre los criterios para la atención médica de la violencia familiar ya fue revisada por un grupo de expertos, quienes decidieron sumar al título y texto de la normatividad el concepto de violencia sexual, con lo que se busca garantizar una atención integral a las víctimas de agresiones.

Se reconoce que además del maltrato físico, sicológico y verbal, las personas pueden ser víctimas de violencia sexual, por lo que los especialistas decidieron incluir el término y luego establecer los criterios médicos para que las mujeres que sean violadas accedan al método de anticoncepción de emergencia.

En su caso, y con el mismo criterio médico, el proyecto de NOM plantea los términos clínicos por los que las mujeres también hagan uso de su derecho al aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación. Esta posibilidad está permitida en los códigos penales de las 32 entidades federativas.

Las agrupaciones consultadas resaltaron que el proyecto para actualizar la NOM 190 sólo concreta lo que en leyes y reglamentos ya está permitido, por lo que no debería existir ningún obstáculo para su publicación.

Sin embargo, debido al perfil de extrema derecha del director de Asuntos Jurídicos de la Ssa, las organizaciones civiles prevén que podría haber un retroceso. Resaltaron que aunque la revisión de la norma está concluida, mientras no se publique, Fernández del Castillo tiene la facultad de retomarla y detenerla.

Otro asunto pendiente, que también es competencia del nuevo funcionario, es el relativo a la administración del patrimonio de la beneficencia pública (APBP) y los mecanismos de asignación de los recursos económicos a las instituciones de asistencia privada y organizaciones civiles.

Luego de la denuncia pública sobre los 30 millones de pesos que en 2003 recibió el Comité Nacional Provida y el mal uso que hizo de dichos recursos, las organizaciones civiles que dieron a conocer la información, obtuvieron del entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora, el compromiso por escrito de que se modificarían las normas de operación del presupuesto del organismo.

Se suponía, comentó Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), que habría convocatorias públicas en las que las instituciones y organizaciones podrían participar. Los procesos de selección y sus resultados serían dados a conocer, a fin de terminar con la discrecionalidad, dijo.

Luego de la denuncia contra Provida, también se informó que la APBP apoyaba las actividades de organismos como las fundaciones Televisa y Tv Azteca. Las organizaciones civiles, principalmente de mujeres y defensores de los derechos sexuales y reproductivos, propusieron a la Ssa que se buscara para la APBP un esquema similar al implantado en Indesol, con el que se pudiera garantizar la equidad y manejo transparente de los recursos.

Muriedas recordó que en 2005 hubo un primer concurso de la APBP, en el que Sipam presentó un proyecto, pero hasta ahora, la Ssa sigue sin dar a conocer los resultados. "Nunca se nos informó qué pasó, el número de propuestas presentadas, o cuando menos cuáles fueron los proyectos seleccionados", indicó.

A la Dirección de Asuntos Jurídicos le corresponde la revisión de las normas de operación para el ejercicio del presupuesto de la beneficencia pública, y "aquí también, todo puede pasar", advirtió la activista.

Entre las 28 atribuciones que el artículo 17 del Reglamento Interior de la Ssa confiere a la Dirección de Asuntos Jurídicos está incluido cualquier reglamento vigente. Ahí están, entre otros, la propia píldora del día siguiente en la NOM sobre los servicios de planificación familiar y su inclusión en el cuadro básico de medicamentos. Los entrevistados insistieron en cuestionar el nombramiento de Fernández del Castillo, cuya trayectoria ­dijeron­ se distingue por haber impugnado políticas y normas sanitarias.