Todos salpicados, hasta el presidente Alvaro Uribe
Colombia: escándalo por vínculos de los paramilitares con el Estado
Santafe de Bogotá, 23 de enero. Al reiniciarse plenamente la actividad política en 2007 tras el receso de fin de año, nuevas y cada vez más contundentes pruebas dejan al descubierto el estrecho vínculo que construyeron a lo largo de más de dos décadas los narcotraficantes y paramilitares con una importante porción de la dirigencia política colombiana, en especial la que apoya al presidente Alvaro Uribe.
Analistas de las más diversas corrientes políticas coinciden en que Colombia atraviesa la peor crisis institucional de su historia reciente, al conocerse que el paramilitarismo y sus principales aliados, los capos del narcotráfico, se infiltraron en prácticamente todos los organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a escala nacional como regional y local.
Inclusive se considera que las actuales revelaciones tienen mayor gravedad que las aparecidas en 1995, cuando se supo que el cártel de Cali había financiado con más de 5 millones de dólares la campaña del recién elegido presidente Ernesto Samper.
El tamaño y trascendencia de las pruebas que inundan las páginas de los diarios y ocupan los titulares de la radio y la televisión han hecho que el ciudadano de a pie evoque, no sin algo de pudor, la frase de Mylles Frechette, ex embajador estadunidense, quien afirmaba al finalizar los años 90 que Colombia era una narcodemocracia.
"La diferencia es que ahora lo que hay es una narco-para-democracia", dijo recientemente un aturdido ciudadano al ser entrevistado en la calle por un noticiero.
Denominado genéricamente "el escándalo de la parapolítica", este episodio involucra hasta el momento a media docena de senadores, otros tantos representantes a la Cámara, gobernadores y ex gobernadores, ministros y ex ministros, alcaldes y ex alcaldes, militares de todos los rangos, desde generales a soldados rasos; fiscales, jueces, altos funcionarios y ex responsables del Estado, entre ellos el ex director de la policía secreta y varios embajadores y empleados del servicio diplomático.
Sin embargo, expertos en temas judiciales y analistas políticos aseguran que, de llegar al fondo, las investigaciones podrían salpicar a la mitad del Parlamento y desatar un verdadero cisma en las fuerzas militares.
Los principales detonantes de la crisis que conmociona al país surgieron tras el inicio de un proceso de desmovilización de las bandas paramilitares de ultraderecha propiciado por el gobierno de Uribe, bajo condiciones que diversos analistas han calificado de excesivamente benévolas para quienes aseguran sembraron la muerte y el terror por mas de dos décadas.
En el tire y afloje entre el gobierno y los jefes paramilitares, éstos amenazaron con revelar toda la información de sus vínculos con empresarios, ganaderos, jefes políticos y mandos militares, dando algunas puntadas que han servido para desenredar la compleja red de "socios" que se unieron para poner en marcha la tenebrosa maquinaria de muerte desde comienzos de los años 80.
De acuerdo con su particular versión de los hechos, los implicados han dicho que el nacimiento del paramilitarismo se justificó por la ausencia del Estado en vastas regiones del país sudamericano, lo que estaba permitiendo el avance incontrolado de las guerrillas izquierdistas.
Con dineros aportados por ganaderos y latifundistas, y por empresarios y narcotraficantes, vieron la luz los primeros escuadrones de la muerte, ejércitos privados cuya principal y casi única función era asesinar campesinos, a los que acusaban de ser simpatizantes o auxiliadores de la guerrilla.
Con el paso de los años y la complicidad del ejército y la policía, los paras fueron ampliando su presencia a casi todo el territorio nacional. De acuerdo con informes de organismos humanitarios nacionales e internacionales, son incontables las matanzas cometidas por estas bandas armadas, que en su afán de "quitarle el agua al pez" apelaron a los más crueles e inhumanos métodos.
Los paras llegaban a poblados escogidos para sus acciones en medio de la total indiferencia de las autoridades militares, y ante la vista de sus familiares descuartizaban a campesinos con motosierras, organizaban partidos de futbol con las cabezas de sus víctimas y fijaban el plazo para que la zona fuera desalojada por sus pobladores.
Además de varios miles de muertos, la acción paramilitar provocó el desplazamiento interno de al menos 2 millones y medio de colombianos. Esto, sin contar con que exterminaron literalmente a un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, tres de cuyos candidatos presidenciales fueron asesinados, junto con todos sus legisladores, dirigentes y militantes.
Al iniciar el proceso de desmovilización con el gobierno, Salvatore Mancuso, principal cabeza visible de los paras, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, reveló que al menos 40 por ciento de los parlamentarios había sido elegido con su apoyo, y advirtió que no estaba dispuesto a pagar ante la justicia por delitos que habían sido cometidos con el concurso de muchos sectores de la sociedad.
Al amparo de una ley denominada "justicia y paz", Mancuso ha confesado algunos crímenes, pero expertos consideran que no ha dicho ni 10 por ciento de lo que sabe.
Otra pieza clave en las revelaciones que sacuden por estos días a Colombia ha sido Rafael García, ex director de informática del DAS (principal organismo de inteligencia del Estado), quien ha asegurado que el ex director Jorge Noguera no sólo permitió la infiltración del paramilitarismo sino que trabajó junto con los jefes paras en la compra de votos y la realización de un inmenso fraude en las elecciones de 2002, para contribuir de manera definitiva a la victoria del entonces candidato Alvaro Uribe sobre el aspirante liberal Horacio Serpa.
Este último interpuso una demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados para que investigue la legitimidad de la elección de Uribe.
En medio de este panorama, analistas como Alfredo Molano no dudan en afirmar que al amparo de la "hoy ennoblecida" actividad del narcotráfico, una nueva clase social ha llegado al poder en Colombia.
Y aunque hay voces que alertan sobre la posibilidad de que el incendio político que hoy cubre al país se vaya extinguiendo en medio de jugadas legales y amenazas contra testigos, también hay quienes aseguran que al recién relegido gobierno de Uribe le espera un año negro, sobre todo después de que uno de los principales implicados en los escándalos, el senador Alvaro Araújo, hermano de la actual canciller, María Consuelo Araújo, amenazara con hundir todo el barco en el naufragio.
"Si vienen por mí aseguró Araújo se llevan por delante a mi hermana y al mismo presidente de la república".
Por último, uno de los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional, Francisco Galán, condenado a más de 29 años de prisión por secuestro, rebelión y terrorismo, fue excarcelado por haber cumplido tres quintas partes de la condena.
Galán, quien estuvo preso durante más de 14 años, ha participado activamente en los últimos meses en contactos de paz con el gobierno de Uribe, que se realizan en Cuba y en los cuales se busca un acuerdo para iniciar una negociación formal.