Jueces determinaron sin "fundamento y motivación" sanciones impuestas en 2006
Conceden amparo al hotel María Isabel Sheraton por actos del Gobierno del DF
La empresa habría incurrido en supuesta discriminación contra funcionarios cubanos
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Integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba protestaron frente al hotel María Isabel por la expulsión de una delegación cubana, en febrero de 2006
Foto: Marco Peláez
Tres magistrados federales ampararon al hotel María Isabel Sheraton luego de determinar que no estuvieron "fundadas y motivadas" las inspecciones y clausura que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) aplicó contra de esa empresa, como sanción al supuesto acto de discriminación en que incurrió la firma estadunidense por haber expulsado, el 3 de febrero de 2006, a una delegación de 16 funcionarios y ciudadanos cubanos.
De acuerdo con fuentes judiciales, los juzgadores ampararon al hotel Sheraton en virtud de que la instancia gubernamental capitalina únicamente se valió de reportes emitidos por diversos medios de comunicación, para intentar demostrar que un grupo de funcionarios cubanos fueron discriminados, pero no aportó mayores probanzas jurídicas encaminadas a consolidar el argumento de la supuesta violación a los derechos individuales de los extranjeros.
El 6 de febrero del año pasado, la embajada de Estados Unidos en México avaló la acción tomada por la administración del hotel, al señalar que la compañía estaba obligada a acatar la legislación estadunidense.
El fallo judicial, emitido en noviembre pasado por los magistrados Rosa Rivera, Fernando Reed y Jorge Camero, integrantes del décimo tribunal colegiado administrativo, es definitivo e inatacable para el GDF, por lo que las autoridades capitalinas deberán devolver parte de la multa que cobraron a la empresa por concepto de actos discriminatorios.
La interpretación de los tres magistrados refiere que los reportes informativos emitidos en su momento por los medios de comunicación, escritos y electrónicos, no representan "pruebas plenas", sino exclusivamente indicios que debieron ser reforzados con aportaciones periciales, testimoniales y documentales de parte de las autoridades del GDF, a fin de demostrar la existencia de los supuestos actos violatorios a las garantías individuales que se imputaron al hotel.
El GDF argumentó en su momento que se procedió a la inspección y posterior clausura del establecimiento, porque la discriminación contra los cubanos era "innegable y notoria", ya que los medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cuenta de los hechos denunciados por la delegación de extranjeros.
Sin embargo, el tribunal federal rechazó ese argumento y estableció que "con independencia de que sea del conocimiento del público en general que los medios de comunicación masivos puedan considerarse como la televisión, el periódico, el internet y la radio, entre otros, lo cierto es que el conocimiento de un hecho que se efectúa a partir de la publicación en ellos, no constituye un hecho notorio.
"Además que tratándose de actos de discriminación, la calificación de los mismos no puede tenerse como un hecho incontrovertible a partir de lo que se publique en los medios de comunicación", puntualizaron los magistrados.
El año pasado, el hotel Sheraton pidió el amparo para evitar tanto la clausura temporal de sus instalaciones como la revocación de la licencia de operación y la imposición de una multa por presuntas violaciones a diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Luego de inspeccionar el hotel, las autoridades locales sancionaron al establecimiento con una multa de 225 mil pesos, 69 mil por la discriminación basada en origen nacional, además de que colocaron sellos de clausura en el lugar, la cual, sin embargo, jamás se aplicó por completo; también comenzaron un procedimiento de revocación del permiso de apertura de la empresa.
Asimismo, las autoridades capitalinas sancionaron al hotel por supuestas irregularidades, entre ellas una acusación de que dos bares operaban sin licencia.
Quien también sancionó al hotel fue la Secretaría de Relaciones Exteriores que le impuso una multa de un millón 200 mil pesos por violar una ley de 1996, que prohíbe la aplicación en México de normas extranjeras dirigidas contra otros países.