El Presidente envía al Congreso iniciativa para regular salarios y tabuladores
Retoma Calderón proyecto de AMLO para ajustar sueldos de funcionarios
Se busca evitar la desproporción, el exceso, el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones, dice
El presidente Felipe Calderón envío ayer al Congreso una iniciativa de reforma constitucional de los artículos 73 fracción XI y 127, para ajustar los salarios y tabuladores de los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y organismos constitucionales autónomos, como son el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y los tribunales agrarios, entre otros.
Al presentar la iniciativa de la ley de remuneraciones, el mandatario dijo que durante décadas uno de los temas que más han agraviado a los mexicanos son los ingresos que llegan a establecer para sí, de manera ''abusiva'', funcionarios de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Unión, sin excepción.
Acompañado por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, y ante funcionarios públicos que jamás aplaudieron, el mandatario que retomó uno de los proyectos de su principal adversario en la contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya se acabaron los tiempos en los que la meta era enriquecerse a costa del presupuesto. ''Los recursos públicos no deben ser botín de nadie'', dijo.
De aprobarse estas reformas constitucionales serán revisados, y en su caso, ''ajustados'', los salarios de miles de altos servidores públicos en los órganos de gobierno de todo el país, en donde ningún funcionario podrá recibir una remuneración superior a la del presidente de la República. ''Con ello se va a evitar la desproporción, el exceso, el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones'', dijo Calderón.
En caso de que prospere dicha iniciativa, el objetivo es que las nuevas disposiciones entren en vigor el próximo ejercicio fiscal.
También se prevé la constitución de ''comités integrados por expertos independientes'', que contribuyan a determinar los sueldos y tabuladores que regulen los salarios, tomando en consideración los recursos públicos disponibles, las condiciones de vida de la población, los resultados obtenidos en la gestión y las circunstancias que prevalezcan en el mercado laboral de la localidad de que se trate y del país en general.
Se trata, según explicó Calderón único orador durante el sobrio anuncio realizado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, de tener un conjunto armónico en todo el país en la regulación de los salarios de los servidores, a fin de que no existan las disparidades que hoy se presentan entre una región y otra, entre un orden de gobierno y otro, e inclusive, entre dos municipios aun de la misma entidad federativa.
Dijo que en congruencia con el principio de transparencia y rendición de cuentas, la información relativa a los tabuladores y a las remuneraciones mismas de los servidores públicos, deberá ser pública y toda persona podrá tener acceso a dicha información de manera sencilla y expedita.
Desde el inicio del anuncio, el presidente Felipe Calderón se refirió a Benito Juárez, de quien citó su tesis de que ''los funcionarios públicos no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala''.
Mencionó también que antes de pedir más sacrificios a los mexicanos para resolver los problemas del país, es necesario que el gobierno demuestre con acciones y hechos que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera más eficiente y transparente los recursos públicos.
Todo ser humano, agregó, tiene derecho a un salario digno, pero nadie podrá enriquecerse indebidamente a costa del dinero de todos. Por ello, no debemos permitir la discrecionalidad en la asignación e inclusive en la autoasignación de sueldos, ni tampoco la simulación en los ingresos de los servidores públicos a través de otras denominaciones distintas a la de sueldos.
Es inadmisible, por ejemplo, que existan servidores con grandes salarios en regiones del país con enormes rezagos; que en la nómina de un ayuntamiento se superen los recursos asignados a atender las necesidades básicas de la gente, o que los sueldos de los representantes populares ignoren la realidad de las comunidades en que se desempeñan.
La iniciativa presentada obliga a los tres órdenes de gobierno a establecer montos mínimos y máximos para cada nivel, puesto o categoría. Los límites serían determinados cada año en los presupuestos de egresos correspondientes, y las remuneraciones serían proporcionales a la función y responsabilidades que deriven del cargo. Se busca establecer un sistema coherente y homogéneo de remuneraciones en todo el país, se dijo.
Así, por ejemplo, ningún servidor público podrá percibir una retribución mayor a la establecida para su superior jerárquico, y ningún salario podrá rebasar al que se asigna, precisamente, para el titular del Poder Ejecutivo federal.