Impedir la obra, ofrece la ALDF; apoyarla hasta el final, asegura la otra parte
El caso Hueyatlaco confronta a diputados de DF y Edomex
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El secretario de Seguridad Pública capitalino, Joel Ortega, al centro, renovó ayer el convenio con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, para combatir el robo de autos. En el acto se entregaron seis nuevos equipos de cómputo que permitirán a la corporación policiaca duplicar su capacidad de lectura de placas con reporte de hurto. José Arturo Morales Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros refrendó su compromiso de trabajar conjuntamente con la SSP-DF en esa tarea
Foto: Alfredo Domínguez
La construcción de la vialidad sobre la barranca de Huayatlaco, en Huixquilucan, que se pretende extender hasta la delegación Cuajimalpa, confrontó a funcionarios y diputados de esta capital, con legisladores del estado de México.
Por una parte, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Asamblea Legislativa (ALDF) y el titular de esa demarcación, Remedios Ledesma, se comprometieron ayer a impedir que esa obra vial se amplíe un centímetro sobre los terrenos del Distrito Federal, pues causaría graves daños ambientales y saturaría la vialidad de Cuajimalpa.
En la reunión de trabajo que tuvieron los miembros de esa comisión legislativa con el jefe delegacional, quedó de manifiesto que corresponde al gobierno mexiquense resolver ese asunto en definitiva, y le recomendaron que una alternativa podría ser desincorporar un tramo de la carretera Chamapa-La Venta, para dar salida a esa vialidad.
Ahí, el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Alejandro Ramírez, dijo al delegado que "no está sólo" ante ese problema, por lo que los diputados locales mantendrán también su rechazo a cambiar el uso de suelo en la zona por donde se pensaba alargar la obra vial en Cuajimalpa, a pesar de ser propiedad privada.
Sobre el asunto, el secretario de Transporte y Vialidad del GDF, Armando Quintero, consideró que no sólo los inversionistas de ese proyecto, sino también las autoridades del estado de México y del municipio de Huixquilucan han incurrido en delitos ambientales "muy obvios".
De ahí que, dijo, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) corresponderá actuar, dado que se trata de terrenos federales.
Por su parte, diputados del estado de México fijaron su postura y se sumaron a la defensa del puente que se construye en la barranca de Hueyatlaco; advirtieron que apoyarán al gobierno estatal para que la obra se concluya.
"Es mucha la inversión para que se deje de trabajar. No es lógico que los diputados de allá (Distrito Federal) digan que no se haga porque van a pasar muchos carros, pues los puentes se hacen para eso, es inverosímil su argumento", dijo Domitilo Posadas, vocero de la fracción perredista.
Los legisladores mexiquenses del PRD solicitaron a la Junta de Coordinación Política del Congreso convocar a una reunión urgente con asambleístas capitalinos para conocer sus argumentos contra la obra.
Juan Carlos Núñez Armas, vicecoordinador de los panistas, argumentó: "Cómo pueden aducir que el puente producirá deterioro ambiental, cuando del Distrito Federal se desalojan 50 metros cúbicos por segundo de agua sin tratar en el estado de México, y de eso no se quejan".
El coordinador de los diputados priístas, Eruviel Avila, fustigó a los titulares de las delegaciones capitalinas Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, que se oponen a la obra, más "por intereses personales y partidistas que ecológicos.
Advirtió que de continuar con la negativa para impedir que los trabajos se terminen, los legisladores del tricolor promoverán recursos para que se concluya la obra, "pues todo se encuentra en regla y la vialidad de Hueyetlaco es necesaria".
Según los legisladores de los tres principales partidos con representación en la legislatura local, la obra cuenta con todos los permisos y hasta con el aval del gobierno capitalino otorgado hace años.
Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue, afirmó que la clausura de esa obra fue porque la empresa constructora no tenía los permisos para construir en el borde de un cauce federal y en dos semanas se definirá la situación.
Detalló que la constructora no tenía los permisos, a pesar de que argumentó que sí lo cual constituye una violación a la ley, de ahí que se le clausuró temporalmente, y así seguirá hasta que se demuestre que todo está en regla; aseguró que mientras permanezca al frente de este organismo no permitirá la invasión de los cauces federales.