No habrá impunidad por la guerra sucia: Kirchner

Libertad provisional para Isabelita Perón en España; su extradición, pendiente

STELLA CALLONI, AGENCIAS CORRESPONSAL

Buenos Aires, 12 de enero. El presidente Néstor Kirchner ratificó hoy que "no puede haber impunidad para nadie", al referirse a los crímenes y desapariciones ocurridos durante el mandato de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien a instancias de un juez argentino fue detenida y luego puesta en libertad provisional esta noche en España.

Kirchner, de las filas del peronismo, declinó ante Clarín opinar sobre la orden de captura internacional contra la ex mandataria, también conocida como Isabel Perón o Isabelita, girada la víspera por el juez argentino Raúl Héctor Acosta.

Dicha orden de captura está relacionada con por lo menos un caso criminal, por lo que Kirchner señaló que se trata de "una decisión de la justicia y a mí no me corresponde hablar de eso".

No obstante, puntualizó que "si los jueces entienden que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables también deberán ser juzgados", pues Isabelita está acusada por la desaparición de Héctor Fragetti Gallego tras su detención, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que la derrocó, así como en relación con el caso de secuestro y torturas del adolescente Jorge Verón.

"Nosotros queremos reconciliación, pero con verdad y sin impunidad. Por eso hay que conocer la verdad, sea cual sea, y no puede haber impunidad para nadie", aseveró Kirchner. El mandatario estuvo dos veces detenido en Santa Cruz durante el gobierno de Isabel, y dos días bajo arresto en 1977, bajo el régimen dictatorial.

La solicitud de Acosta, juez federal de Mendoza, para la captura internacional de la ex mandataria, quien reside en España desde 1981, fue cumplida momentáneamente este día por la justicia de ese país, al ser arrestada en su casa de Villanueva de la Cañada, en las afueras de Madrid, para luego ser llevada a comparecer.

Durante la diligencia, el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, decretó ­a petición del fiscal­ la libertad provisional de la detenida, en consideración a su avanzada edad (tiene 75 años), tras haberla notificado de la orden de extradición en su contra y preguntarle si ella la aceptaba, a lo cual la interpelada respondió negativamente.

El magistrado resolvió que la acusada quedara en libertad provisional, pero deberá cumplir comparecencias quincenales en el juzgado, y concede un plazo de 40 días a Argentina para que solicite formalmente la extradición de la tercera esposa del general Juan Domingo Perón, cuyo proceso podría demorar meses.

Entre España y Argentina existe un convenio de extradición simplificada, por lo que si la detenida hubiera accedido a ser extraditada, la entrega se hubiera producido de inmediato. Ahora el proceso tardará, y aunque la justicia española conceda el traslado, aún deberá ser autorizado en última instancia por el Consejo de Ministros.

La orden del juez Acosta en contra de la ex mandataria por el secuestro y desaparición de dos personas en la provincia de Mendoza, Fragetti Gallego y el menor Jorge Verón, durante su gobierno ­julio de 1974 a marzo de 1976­ también requerirá a los miembros de su gabinete en la misma causa.

No es el único juicio que enfrentaría la viuda de Perón, ya que también el juez federal de esta capital, Norberto Oyarbide, pediría su captura para investigarla no como testigo, sino como responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Oyarbide libró nuevas órdenes de captura internacional contra dos ex integrantes de la Triple A, organización que aterrorizó al país entre 1973 y finales de 1975. Se trata de los ex policías Miguel Rovira y Felipe Romeo, este último ex director de la revista El Caudillo, órgano de difusión y propaganda que denunciaba públicamente a las futuras víctimas de la organización criminal.

Rovira fue detenido este viernes tras presentarse ante el juez Oyarbide, ante quien negó haber sido parte de la Triple A. En cuanto a Romeo, éste habría sido ubicado en Londres por personal de la Interpol, según reportes de la prensa argentina.

El periódico Página 12 ubicó a Romeo "camuflado" como un restaurador de cúpulas y edificios, pero hasta ahora se encuentra prófugo, mientras se anuncia la presentación de Rovira acusado de asesinar a tiros a Julio Troxler, un militante de la resistencia peronista que había sobrevivido a los fusilamientos de la llamada "revolución libertadora", la dictadura militar que derrocó a Perón en 1955.

El fundador de la Triple A en 1973 fue José López Rega, apodado El Brujo, ministro de Bienestar Social durante el gobierno de Perón, quien utilizó en beneficio de la derecha política su papel de secretario privado del envejecido presidente hasta su muerte en julio de 1974. Luego fue el verdadero poder detrás del trono, manejando ostensiblemente a Isabelita.

La Triple A tenía un objetivo muy preciso que servía claramente a la política de la guerra fría de Washington, de exterminar a todo lo que fuera peronismo progresista o revolucionario o tuviera fuerte raigambre en las bases populares como para un "giro a la izquierda" de ese movimiento.

"En Argentina no vamos a necesitar un millón de muertes como en Indonesia, porque con 10 mil se resuelve el problema", dijo López Rega al coronel Jorge Osinde, cuando discutía crear una organización similar a los escuadrones de la muerte de Guatemala, como figura en la investigación del libro La Triple A, de Ignacio González Janzen (Editorial Contrapunto, 1986).

López Rega estableció conexiones con todas las organizaciones fascistas y entre ellos, en Madrid, con los italianos de Stefano Delle Chiaie y otros, con la Organización del Ejército Secreto de Francia y los grupos radicales fascistas de España. El modelo fueron los escuadrones de la muerte de Guatemala y El Salvador, entre otros.

Los contactos con la pinochetista Dirección de Inteligencia Nacional de Chile y los grupos terroristas cubanos de Miami quedaron expuestos en las cartas enviadas a sus jefes por el agente chileno Enrique Arancibia Clavel (alias Felipe), condenado aquí por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats González y su esposa Sofía, en septiembre de 1974.

En la investigación inconclusa del periodista Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por la dictadura después de denunciar en una carta a la junta militar por las atrocidades que estaban cometiendo, señala a un comando de la Triple A "especializado en la eliminación de extranjeros que estaban exiliados en Argentina"

Lo anterior lo revela el periodista Horacio Verbtisky al rescatar el trabajo de Walsh, donde se determina que hubo un convenio celebrado en enero de 1974 entre el comisario Alberto Villar, de la Triple A, y altos jefes policiales de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.

Todo esto derivaría luego en la Operación Cóndor, plan de exterminio de opositores políticos en Sudamérica en los años 70 y 80, sin ocultar la mano de la inteligencia estadunidense mediante la CIA.