Tribunal: el Ministerio de Salud, sin atribuciones
Prohíben en Chile la distribución gratuita de píldora de emergencia
Santiago, 12 de enero. El Tribunal Constitucional de Chile paralizó este viernes la distribución gratuita de la "píldora del día después" que dispuso hace cuatro meses el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al declarar que la medida se aparta de la Constitución.
La decisión del tribunal, aprobada por seis votos en favor y cuatro en contra, se basó en que el Ministerio de Salud carece de atribuciones constitucionales para autorizar la entrega sin costo del anticonceptivo de emergencia a las adolescentes mayores de 14 años, incluso sin la autorización de sus padres.
Según el dictamen, ese aval debió ser firmado por la presidenta Bachelet y no por la ministra de Salud, María Soledad Barría, lo que significa que existe "un vicio de forma que acarrea como consecuencia su inconstitucionalidad".
El abogado Jorge Reyes, que patrocinó la petición al tribunal en nombre de diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), adelantó que si la presidenta chilena insiste en distribuir la "píldora" en los centros públicos de salud, volverá a plantear sus reparos constitucionales. "Si lo hace, volveremos al Tribunal Constitucional a discutir el fondo del asunto" advirtió.
La ministra Barría, por su parte, reiteró el propósito del gobierno de poner el fármaco a disposición de las mujeres que lo necesiten, especialmente aquellas que no poseen recursos para adquirirlo en las farmacias donde se distribuye desde hace más de dos años a un costo de 10 dólares.
"Si es un asunto de forma, buscaremos la manera de poder asegurarle a la población las distintas opciones", señaló Barría.
El dictamen del tribunal se conoció dos días después de que la Iglesia católica, por medio de la Conferencia Episcopal, advirtió que las políticas del gobierno para regular la fertilidad, incluida la distribución del anticonceptivo, "ponen en riesgo el respeto por la vida" y se apartan de las garantías constitucionales.
Los obispos afirmaron que ese programa cae en "inconstitucionalidades de fondo, pues vulnera tres garantías fundamentales: derecho a la vida, derecho a la vida privada y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos", opinaron.
En el plan judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó el pasado 10 de noviembre la entrega de la píldora, al rechazar un "recurso de protección" contra la medida gubernamental.
La Iglesia católica y sectores conservadores de la sociedad cuestionan el fármaco por sus posibles efectos abortivos, toda vez que es utilizada después de una relación sexual para evitar un embarazo no deseado.