El órgano presentará en marzo informe sobre el caso
ISOSA controló también el registro de vehículos: ASF
Sigue sin conocerse el uso y destino de $10 mil millones
Integradora de Servicios Operativos S. A. (ISOSA), la empresa fundada por Francisco Gil Díaz, que por más de 10 años obtuvo ingresos del cobro de un impuesto no enterado al erario, recibió del sector público no sólo personal, bienes e instalaciones sin costo, sino la administración del Registro Federal de Automóviles, reveló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón.
Al comentar los pormenores que llevaron a este órgano a fiscalizar por cuatro años consecutivos el fideicomiso Aduanas I al amparo del cual operó ISOSA, González de Aragón afirmó que la ASF encontró contratos que prueban que el Registro Federal de Automóviles se dio en uso a esa empresa, y adelantó que los trabajos continuarán en la revisión de la cuenta pública 2005, cuyos resultados se conocerán el 31 de marzo próximo.
Varias son las madejas tejidas con una misma hebra, que conduce siempre a la actuación de Gil Díaz como funcionario de la Secretaría de Hacienda, desde que fue subsecretario de Ingresos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta que se desempeñó como titular de la dependencia en el sexenio de Vicente Fox. Todo dentro de una trama que dejó en la opacidad el uso y destino de casi 10 mil millones de pesos que, cobrados como derechos de trámite aduanero, no fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
"Nosotros partíamos de varias consideraciones", aseguró el titular de la ASF. "La primera era que se le habían transferido a ISOSA personal, bienes e instalaciones. Inclusive, el Registro Federal de Automóviles se le dio en uso a ISOSA como una empresa. Hay contratos que lo prueban. Todo sin costo.
"Segundo: el fideicomiso (Aduanas I), que se dice privado, fue constituido con un comité técnico en el cual todos son servidores públicos. De manera que todos estos elementos generan, obviamente, grandes dudas sobre la naturaleza del fideicomiso y sobre la calidad de los recursos que se están recaudando. La ley establece con toda claridad que cualquier impuesto, derecho, producto o aprovechamiento tiene que ser depositado en la Tesorería de la Federación. De ahí vino nuestro cuestionamiento", señala González de Aragón.
Son recursos privados: SCJN
Los reportes de la ASF machacaron por tres años la opacidad en la situación descrita, hasta que en agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que intervino a petición de la Secretaría de Hacienda, emitió una resolución en la que declaró que los ingresos obtenidos por ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite aduanero eran privados.
Pero la resolución dejó un resquicio, y ahora los trabajos del órgano legislativo sobre la cuenta pública 2005 se centran en el análisis del mecanismo que se utilizó para distribuir cada peso recaudado por la aplicación de ese gravamen.
La ASF ya había detectado fluctuaciones importantes en el porcentaje de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación. González de Aragón detalló que la proporción varía de 50 por ciento en 1993 (cuando se creó ISOSA) a 87.72 por ciento en 1988, pero en 2003, cuando Gil Díaz ya era secretario de Hacienda, la variación fue de 34.68 por ciento y en 2004 de 13.05 por ciento.
"Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería de la Federación. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿por qué tanta discrecionalidad?", cuestionó González de Aragón en una participación pública, en la que definió la posición de la ASF sobre el caso Gil Díaz-ISOSA.
"Yo creo que hay que evitar absolutamente la discrecionalidad de los servidores públicos, porque esto hace (la situación de la empresa), cuando menos, tener dudas muy serias de por qué vienen estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados", como Aduanas I.
Sobre el caso, el periodista Miguel Badillo documentó en su libro, ISOSA fraude transexenal a la nación, que todavía en el primer trimestre de 2005 el fideicomiso Aduanas I mantenía un patrimonio de 19 mil 523 millones de pesos.
El auditor precisó: "este fideicomiso fue creado en su momento para administrar este tipo de cantidades que, como contraprestación, se le depositaban. La gran duda se observa en la actuación de la Secretaría de Hacienda, porque, si mal no recuerdo, en el año de 1994 introdujo una cláusula en el contrato del fideicomiso que obliga a que depositen todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero no se cumplió".
Desvíos millonarios
Según documenta Miguel Badillo, el 19 de octubre de 1994 el subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, quien sustituía en el cargo a Gil Díaz desde abril de ese año, firmó un addendum modificatorio al contrato del fideicomiso Aduanas I, por el cual se introdujo una cláusula que obliga a enterar todos los recursos obtenidos mediante del derecho de trámite aduanero a la Tesorería de la Federación, pero nunca se cumplió.
Se trata de cantidades muy importantes. En sus informes a la Cámara de Diputados, la ASF hizo observaciones sobre montos multimillonarios en torno a la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2002, 2003 y 2004. La suma asciende a 9 mil 985 millones de pesos que ingresaron a ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite referido, pero no fueron entregados al erario.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió una resolución que impidió a la ASF fiscalizar a ISOSA, debido a su carácter privado. Luego del fallo, la Secretaría de Hacienda aceptó que el fideicomiso Aduanas I, de origen privado, se transformara en un mecanismo público y fueron restituidos 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería, de los casi 10 mil millones que no le fueron enterados antes.
Luego se inició la liquidación del fideicomiso (Aduanas I) y de ISOSA.
El penúltimo capítulo de esta trama aún no concluye. Por el resquicio abierto en la resolución de la SCJN transitan ahora los trabajos de fiscalización de la ASF sobre este caso.
"Se puede revisar el mecanismo de distribución de los recursos recaudados. Estamos revisando la cuenta pública de 2005 y estamos revisando también los derechos de trámite aduanero", señaló González de Aragón.
"Vamos a presentar, dentro del informe que rindamos el próximo 31 de marzo, un resumen de toda esta situación en torno a la empresa ISOSA. Seguiremos adelante, no importa lo que pase". dijo.