La revancha de la soberanía alimentaria
Muy pronto han tenido que tragarse sus palabras los pontífices de la economía neoliberal, los corifeos mediáticos del librecambismo y los repetidores de los manuales apologéticos de la apertura comercial a toda costa. En tan sólo unos días el precio de la tortilla detonador de inconformidades y revueltas, como en la Europa del pasado el precio del pan se ha puesto en la punta de una escalada de incrementos de los productos básicos. Le seguirán en su carrera la leche, el huevo y las carnes de todo tipo, deshaciendo las estabilidades macroeconómicas y los pronósticos que tanto cuidan los administradores de la economía inmoral.
El portavoz del gobierno en esta materia, Eduardo Sojo, da una explicación parcial. Con ella quiere echar una cortina de humo sobre la responsabilidad de los confeccionadores de las políticas económicas, comerciales y agrícolas de los sexenios anteriores y sobre la suya propia como asesor estrella de la economía de Foxilandia.
Es cierto, el encarecimiento de los precios internacionales de los granos es, tal vez, la causa más inmediata y visible del encarecimiento de la tortilla y de los cárnicos. El hecho de que Estados Unidos haya retirado el último año 40 millones de toneladas de maíz casi el doble de la producción mexicana del mercado internacional para dedicarlas a la producción de etanol está acabando con el ciclo de precios internacionales de los granos a la baja.
Pero aquí está el problema, precisamente. Si los últimos tres gobiernos federales le hubieran apostado a la soberanía alimentaria, es decir, a trazar con soberanía nuestra política agroalimentaria y a fortalecer el derecho y la capacidad de los productores, sobre todo de los pequeños, a producir alimentos, no se estaría en el umbral de, como Estado, incumplirles cuando menos a 19 millones de mexicanos en extrema pobreza, el derecho de tener acceso a alimentos básicos baratos, de buena calidad y acordes a sus tradiciones, como las tortillas.
En lugar de esto, los cerebros neoliberales discurrieron una fórmula para ellos infalible: "¿para qué gastar en producir maíz en México si lo podemos comprar más barato en Estados Unidos?" Y la dejaron deslizarse en los medios empresariales, en la academia light y en su aparato mediático. Entonces prefirieron entregar el dinero público a las grandes trasnacionales controladoras de granos, como Cargill y Archer Daniels Midland aliada de Grumma, en lugar de fortalecer las capacidades productivas de dos millones de campesinos mexicanos que, en las peores condiciones, producen la mayor parte de maíz para consumo humano en este país.
Fue un engaño que, tanto en México como en Estados Unidos, benefició a los agronegocios y hundió a millones de pequeños productores. Allá, como acá, denuncia, por ejemplo, la National Corn Growers Association, la fórmula "vender el grano a bajos precios para exportar más" resultó letal para las agriculturas familiares y campesinas. Las importaciones de granos antes baratos, ahora caros estadunidenses actualmente rondan 25 por ciento del consumo de maíz, por más de 90 por ciento del sorgo y más de 50 por ciento del trigo. Se desmanteló nuestra estructura productiva nacional y se anuló nuestra soberanía alimentaria.
Ese es un resultado inobjetable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su momento, las organizaciones campesinas lo advirtieron en todos los lenguajes. Lo gritaron en la calle y en los medios: "... no podemos seguir apostándole a las importaciones de granos, en un ciclo pasajero de precios internacionales bajos, porque cuando aumenten, vamos a tener graves problemas alimentarios". Pero el foxismo no los escuchó, como tampoco los habían escuchado el salinismo ni el zedillismo, y como no los escuchará el calderonismo.
Las organizaciones campesinas, unidas por sobre sus diferencias políticas e ideológicas, acaban de lograr un incremento de más de 20 mil millones de pesos al presupuesto global para el campo. Ahora se requiere que no sólo ellas, sino que todas las fuerzas sociales y políticas responsables que hay en el país, exijan que se finquen responsabilidades y se redefina la política agroalimentaria nacional. En primer lugar, no pueden quedar impunes los gobiernos y los funcionarios anteriores que propiciaron que ahora los alimentos se encarezcan para los pobres y que favorecieron el enriquecimiento de los agronegocios. Si a un funcionario se le puede perseguir por apropiarse individualmente de los recursos públicos, también se le puede castigar por implementar políticas que dañan a las mayorías en beneficio de minorías, sobre todo extranjeras. En segundo lugar, es necesario establecer los mecanismos fomento, de apoyo a desarrollo de capacidades de precios para que, sobre todo los pequeños y medianos productores puedan generar los alimentos suficientes, accesibles, sanos y de calidad para todo el pueblo de México.
La soberanía alimentaria, tarde o temprano, siempre vuelve por sus fueros.