Conflictividad social en México
En días pasados fue presentado el Informe del Observatorio de la Conflictividad Social en México, elaborado por la organización Servicios y Asesoría para la Paz AC (Serapaz). Este observatorio tiene como propósito monitorear la conflictividad social en México y pretende convertirse en un insumo en el que los actores sociales en conflicto puedan verse reflejados, a fin de transformar de manera positiva sus conflictos.
El informe presenta un muestreo de cerca de 600 conflictos registrados en los primeros 10 meses del año 2006, clasificados de acuerdo con su naturaleza, los orígenes que los motivan, los protagonistas que participan en ellos, la manera como sus respectivos actores sociales los transforman, entre otros datos más. El conjunto puede convertirse en una clara radiografía del país. Las conclusiones que arroja el informe son muy elocuentes. Nos dice que los actores que más se movilizaron los primeros 10 meses del año fueron los campesinos. El observatorio explica que miles salieron a las calles o carreteras para protestar por alguna demanda de carácter económico-patrimonial.
De igual manera afirma que las autoridades contraparte no son las del Ejecutivo federal, como podría suponerse, sino las estatales. Afirma, además, que si bien los actores sociales que más se movilizaron son los tradicionales (campesinos, estudiantes, colonos, obreros), hay una emergencia de nuevos actores, que se definen en función de temáticas muy específicas, y se agrupan y solidarizan en causas comunes, como son la lucha por un medio ambiente sano, por el agua, contra productos fabricados en condiciones poco éticas, etcétera. Estos nuevos actores tienen un perfil de alta conciencia social y están bien informados.
Las entidades en las que el observatorio localizó la mayor cantidad de conflictos son el Distrito Federal, el estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y afirma que ello puede deberse a la alta concentración de población y a la visibilización que los medios hacen de esos conflictos, sobre todo en el DF y el estado de México; y a la alta tensión social en que vive la población en los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El estudio manifiesta que Chilpancingo y Oaxaca registraron el mayor número de protestas proporcional a su población, y lo explica por la enorme desproporción en los niveles de vida, la creciente pobreza y, en el caso de Guerrero, por el narcotráfico.
Según el observatorio, las demandas que más movilizaron a los actores fueron principalmente problemas de recursos y patrimonio, con cerca de la mitad del número de casos; le siguen los conflictos por demanda de seguridad, y en tercer lugar, por disputas de poder. Todos los actores en conflicto perciben que sus demandas son justas y están basadas en leyes o acuerdos, incluso en aquellos que luchan por la defensa de su identidad o su credo.
Un dato relevante es que los actores en conflicto están escalando la intensidad de sus manifestaciones. Es decir, que la población que protesta no se siente escuchada y eleva el tono de voz. También señala que el número de personas que se manifiesta está creciendo. Solamente en la ciudad de México entre cinco y seis millones de personas protestaron en la vía pública entre 2000 y 2003. Y sólo en 2004 se alcanzó esta misma cifra. En 2005 las cifras aumentaron enormemente, pues en el contexto de las protestas contra el desafuero se calcula que se movilizaron más de tres millones de personas, y cerca de un millón por la demanda de seguridad.
En los primeros 10 meses de 2006 estas cifras se elevaron aún más, a causa de los conflictos poselectorales. En este sentido, el texto considera que la denuncia pública es un recurso muy usado, aunque no siempre tiene el mismo impacto, por el control de muchos medios de comunicación, sobre todo electrónicos. La huelga es un método de confrontación que en el periodo estudiado ha causado varios muertos, debido a la represión de las autoridades. Este recurso representa un número reducido de casos, pero moviliza enormes masas y genera conflictos sumamente complejos, como en Oaxaca. Sin embargo, en la mayoría de éstos se llegó a algún tipo de solución no violenta. De hecho a lo largo del año se registraron más de 500 casos de emplazamientos de huelga que abortaron.
El observatorio registra que en cerca de la mitad de los casos muestreados hay algún tipo de intervención de un actor diferente a los que están confrontados, es decir algún juez, ministerio público, visitador de alguna instancia pública de derechos humanos, algún mediador o facilitador. Sin embargo, pocos obtienen algún tipo de cauce que transforme positivamente el conflicto.
Dada su complejidad, el observatorio elaboró también una sección que denomina "Sistemas complejos de conflictividad social", en el que selecciona y analiza desde esta perspectiva nueve temáticas y casos conflictivos: Atenco, Pasta de Conchos, narcotráfico, feminicidios, pederastia, conflictos sociales derivados o en relación con fenómenos migratorios, conflictos locales y regionales por el agua, conflictos por las elecciones federales y por la democratización de los medios.