Quedan unos meses antes de que el mercado azucarero se liberalice por completo
El gobierno, sin política definida sobre los 14 ingenios que todavía administra
El titular de la Sagarpa considera "atractivo" desarrollar biocombustible a partitr de la caña
A pocos meses de que el mercado del azúcar quede totalmente liberado, como señala el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno no presenta una política definida y puntual en torno a los 14 ingenios que aún administra; se ha limitado a indicar que procederá a la licitación pública de ocho los mejores y con el resto no sabe cuál será su futuro, aunque la agroindustria es considerada "de alta prioridad para la economía agrícola y con un futuro promisorio".
El desarrollo de los bioenergéticos etanol abre un panorama muy atractivo y ello amerita desarrollar un esfuerzo muy especial, destacó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez.
Ante el impulso a la producción de etanol como alternativa a los combustibles fósiles, el reto del país es utilizar tecnologías más avanzadas para aprovechar la oportunidad de incursionar en una opción comercial sin descuidar el carácter básico del azúcar y tener presente que el sector beneficia a más de 158 mil productores de caña, ofrece empleo directo a 450 mil personas y 2 millones de empleos indirectos, asentaron organizaciones cañeras de las confederaciones nacionales Campesina (CNC) y de Productores Rurales (CNPR).
Con tradición de 400 años y situado entre los primeros 10 lugares como productor de caña de azúcar con un promedio de 5 millones de toneladas y como consumidor del dulce, México destina 700 mil hectáreas en 15 estados para sembrar la gramínea. El 3 de septiembre de 2001, ante el creciente endeudamiento de los ingenios y las protestas de los productores por la falta de pagos, el gobierno determinó expropiar 27 de los 60 ingenios con el argumento de proteger a la actividad productiva, garantizar la permanencia de las agroindustrias y contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado.
Sólo "ordenar el sector"
En el decreto expropiatorio de esa fecha, el gobierno puntualizó que el desposeimiento había sido "selectivo" y sería "temporal", ya que no tenía como objetivo volverse empresario del ramo, sino "atender la parte laboral y a los cañeros, y ordenar al sector", además aseguró que el proceso no sería pagado con el dinero de los contribuyentes, quienes, aunque no quisieran, se habían convertido en acreedores de 2 mil 500 millones de dólares y asumido las deudas de cerca de 600 millones de dólares que traían arrastrando las agroindustrias.
Sin embargo, el gobierno asentó que la medida había beneficiado a 350 mil personas que dependían directa e indirectamente de la actividad azucarera y cuyos ingresos personales sumaban 887 millones de pesos anuales.
Sanear y revender, fusionar áreas de abastecimiento o cerrar algunos ingenios, serían los medios para cobrar las deudas, fue la justificación del primer gobierno panista contrario a la intervención estatal, apuntó Gisela Espinosa Damián, en su artículo "La agroindustria cañero-azucarera: entre la inmediatez y la estrategia", publicado en el primer número de la revista Rumbo Rural, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.
"La expropiación fue un fobazúcar disfrazado de escarmiento a un puñado de empresarios. Quizá para el gobierno (de Fox) haya valido la pena el riesgo de (perder) a las mejores amistades, (pues) al final de cuentas el interés público era transitorio y retórico", abundó.
Destacó que en la reventa de los ingenios estaban interesadas multinacionales, como Cargill, Tate and Lyle, CPC, ED and FAMN, Dreyfus. "Aunque el gobierno salve recurrentemente al empresario azucarero, sus alianzas estratégicas parecen más cerca de las multinacionales fructuoseras y quizá habrá que hacerse a la idea de que así como hace años las fibras sintéticas se llevaron para siempre una tajada del mercado algodonero, en el nuevo siglo, el azúcar tendrá que compartir su mercado".
A cinco años de la determinación, el gobierno que generó un valor agregado por 2 mil 356 millones de pesos a esos ingenios perdió los juicios de amparo que interpusieron, en el momento de la expropiación, Grupo Azucarero Mexicano (GAM) la segunda empresa azucarera más importante en el país Grupo Machado y Grupo Santos, a los que debió regresar en total 13 ingenios. Durante el proceso, GAM se desistió, en noviembre de 2002, de los amparos interpuestos para recuperar los ingenios San Pedro y San Francisco para, explicó entonces, "saldar los adeudos que tenía con diversas instancias gubernamentales, pero principalmente con el Banco de Comercio Exterior".
Así, GAM recuperó los ingenios Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y José María Martínez; el Grupo Santos administra otra vez los seis que se le expropiaron: Cuatotolapam, San Gabriel, Pedernales, Bellavista, Alianza Popular y Plan de Ayala; Grupo Machado tiene nuevamente: La Margarita, Central Progreso y José María Morelos.
Al Grupo Santos, el gobierno federal tendrá además que pagar cerca de 425 millones de pesos por restitución de activos 150 mil toneladas de azúcar existentes en las bodegas al momento de la expropiación para cumplir con la sentencia jurídica que devolvió al consorcio azucarero las agroindustrias.
Mientras los juicios se desahogaban, el gobierno federal intentó iniciar el proceso de venta de algunos de los ingenios bajo su responsabilidad. El 18 de mayo de 2005, publicó la convocatoria de licitación para La Joya (en Campeche), Santa Rosalía (en Tabasco) y San Pedro y San Francisco el Naranjal (en Veracruz). El proceso, que había desatado expectativas y se esperaba concluyera el 6 de julio de ese año, no tuvo la respuesta esperada por el gobierno.
Días antes de concluir 2006, el juez décimo de distrito en materia civil, Rubén Pedrero Rodríguez, dio de plazo un año a los ingenios El Potrero, El Modelo, San Miguelito, La Providencia, Cassasano-La Abeja, Atencingo, Emiliano Zapata, San Cristóbal y Plan de San Luis que forman parte del grupo expropiado en 2001 para que lleguen a acuerdos con sus acreedores, de lo contrario serán declarados en quiebra y se procederá a la liquidación de sus bienes para saldar sus deudas asumidas entre el 2 de septiembre de 1998 y el 2 de septiembre de 2001, un día después se publicó el decreto de expropiación.