Usted está aquí: jueves 11 de enero de 2007 Política Quintana Roo, Veracruz y Chiapas, en la mira de los operativos contra el narco

Antes de arribar a una entidad, la PFP y la AFI realizan labores de inteligencia

Quintana Roo, Veracruz y Chiapas, en la mira de los operativos contra el narco

Van tras sicarios que trabajan como policías municipales en diversas localidades

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Ampliar la imagen Arribo de aeronaves a Guerrero para el operativo contra el narcotráfico Foto: J. Guadalupe Pérez

El gobierno federal continuará con el despliegue de efectivos policiacos y militares en las próximas semanas, sobre todo en localidades donde se presume que el narcotráfico infiltró a las policías locales, como es en el caso de los municipios de Acapulco, Zihuatanejo, Cancún, Monterrey y Nuevo Laredo, así como algunos ayuntamientos en Veracruz y Chiapas.

Fuentes gubernamentales revelaron que, de inicio, las acciones que se han desplegado contra el narcotráfico en Baja California, Guerrero, Sinaloa y Michoacán tienen como objetivo disminuir la incidencia delictiva y realizar acciones de inteligencia que permitan destruir las estructuras operativas y financieras de los cárteles de la droga.

Sin embargo, antes de que centenares de policías y militares arriben a las entidades que presentan problemas de infiltración, tanto la Agencia Federal de Investigación (AFI) como la Policía Federal Preventiva (PFP) realizan acciones de inteligencia de manera separada.

Según las versiones obtenidas, las próximas acciones involucran a estados como Quintana Roo, Veracruz y Chiapas, ya que son zonas consideradas como núcleos de operación de las organizaciones criminales debido a que son puntos de recepción y distribución de enervantes al resto del país.

La intención del gobierno federal no sólo es tener impacto mediático, sino ir desarticulando redes de complicidades en cada uno de los ayuntamientos en los cuales se ha detectado que grupos de sicarios han sido investidos de policías municipales y han participado de manera directa en ejecuciones y secuestros, y también son los encargados de controlar el paso de cargamentos de droga en los sitios en donde operan.

Esta, indicaron los funcionarios entrevistados, es la razón por la cual se asegurará de manera temporal el armamento de las policías municipales en donde se apliquen operativos contra el narcotráfico, ya que la presunción es que las armas oficiales han sido utilizadas en actos delictivos.

Además, se trabaja en un registro nacional del rayado que dejan las armas que poseen los policías municipales, y también se realizará de manera inmediata la confronta de los antecedentes de cada elemento con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para detectar a ex agentes que han sido despedidos de otras corporaciones o que tengan mandamientos judiciales en su contra.

Por otra parte, de acuerdo con fuentes consultadas, la investigación de las "narcofosas" localizadas en Uruapan, Michoacán, ha arrojado algunos resultados, entre ellos que la mayor parte de los ejecutados trabajaba para el cártel de los Valencia, organización ligada con el cártel de Sinaloa.

En ese contexto y como parte de los resultados obtenidos en la Operación Michoacán, la PGR dio a conocer que puso a disposición del juzgado décimo de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México, a Gaspar Ríos López y Edgar Alberto Rosas Salas, integrantes de una organización criminal y a quienes se les responsabiliza del secuestro del ex director de Seguridad Pública del municipio de Tepalcatepec, Reyes Vargas Morfín.

Asimismo, el Ministerio Público Federal fue notificado por el juzgado 18 de distrito en materia penal del auto de formal prisión dictado en contra de Aurelio Villanueva Torres y Miguel Vega García, presuntos integrantes del cártel del Golfo.

La PGR también dio a conocer que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) obtuvo autorización del juzgado sexto de distrito para mantener bajo arraigo domiciliario por un periodo de 90 días a Juan Abdón Ponce González ­policía municipal de Mexicali­ y a los agentes ministeriales de Baja California Rafael Salvador Cruzaley y Jorge Antonio Heredia Alvarez, a quienes se les acusa de colaborar con el cártel de los hermanos Arellano Félix en actividades de narcotráfico.

 
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