Deberá determinar si incurrió en responsabilidad al emplearse en HSBC
Inicia la Función Pública investigación administrativa contra Gil Díaz
En el ámbito penal enfrenta denuncias por desacatar órdenes de un tribunal laboral y una petición de arraigo para ser juzgado
Carstens también podría caer en desacato
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El ex secretario Francisco Gil Díaz, no ejecutó en 2006 los laudos de un tribunal laboral que le obligaban a restituir en su cargo en la subsecretaría de Egresos a Lilia Cortés, quien fue despedida sin justificación por negarse a acatar órdenes sobre la asignación del presupuesto federal que iban contra la ley y dificultaban la fiscalización de recursos públicos
Foto: José Carlo González
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una ''investigación administrativa'' en contra del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para determinar si incurrió en responsabilidad al aceptar emplearse con la multinacional HSBC. La dependencia federal tomó tal determinación a partir de la denuncia presentada, el lunes, por Carlos Reyes Gámiz, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.
Mientras se abría un frente administrativo contra el titular de Hacienda, otro en el ámbito penal también apunta a consumir tiempo de los abogados de Gil Díaz.
Una denuncia penal contra el ex secretario de Hacienda, en la que es acusado de desacatar órdenes de un tribunal laboral, será ratificada esta semana, en el marco de un caso que desde hace dos años ha expuesto al público varios expedientes de manejo poco transparente de recursos públicos, y que puede involucrar al actual titular de las finanzas públicas, Agustín Carstens.
Se trata de una denuncia interpuesta por Lilia Cortés, quien fue despedida sin justificación como directora de área en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda a mediados de la administración pasada. Cortés fue destituida por negarse a acatar órdenes sobre la asignación del presupuesto federal que iban en contra de la ley y que, en el fondo, servían para dificultar la fiscalización de los recursos públicos.
''Han empleado una violencia extrema en mi contra por pedir simplemente ser reinstalada, en ejercicio de mis derechos constitucionales y laborales'', dijo Cortés ayer a La Jornada. ''Es claro que si emplean tanta violencia es porque hay algo que no quieren que sea investigado'', comentó. Cortés dijo que desde que empezó su litigio ha sido golpeada en siete ocasiones por hombres que le ''recomiendan'' olvidarse del caso.
Lilia Cortés obtuvo en 2006 tres laudos de un tribunal laboral que ordenaban al titular de Hacienda, entonces Gil Díaz, su restitución. No fueron ejecutados y por lo tanto el funcionario se colocó en situación de desacato, similar a la que sirvió de argumento al gobierno de Vicente Fox para emplear la fuerza del Estado con el fin de evitar que el ex jefe de gobierno capitalino contendiera por la Presidencia.
Como Gil Díaz, en su calidad de titular de Hacienda, desacató la orden, Lilia Cortés reclamó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el funcionario fuera juzgado. Tres semanas antes de que concluyera el gobierno, y ante el anuncio del propio Gil de que tenía proyectado ocuparse en el extranjero, en una universidad estadunidense, Cortés solicitó su arraigo para que no se evadiera a la acción de la justicia.
Ambas denuncias, la penal por desacato y la que solicita el arraigo hasta que el funcionario sea juzgado, serán ratificadas por Cortés ante la PGR esta semana.
''La orden de reinstalación fue dada por el tribunal al titular de Hacienda'', añadió Cortés. ''Si el actual secretario (Agustín Carstens Carstens) no atiende esa resolución, también se colocaría en una situación de desacato, se echaría encima un problema que no fue generado durante su corta gestión'', dijo Cortés.
En la denuncia presentada a la PGR el 9 de noviembre pasado, Lilia Cortés asegura: ''he recibido amenazas vía telefónica por voces de varón provenientes de los números 91 58 11 00 y 91 58 46 00 manifestándome que por instrucción y a nombre del licenciado Francisco Gil Díaz, me van a matar, por ello solicito que se inicie investigación de dichas amenazas''.
Los tiempos de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública aseguró que, con apego a derecho, desahogará todas las denuncias que se presenten en contra del ex funcionario, mas advirtió desde ahora que mantendrá en reserva toda información vinculada con la indagatoria hasta que no haya una resolución definitiva.
Por su lado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, salió en defensa de Gil Díaz e incluso pidió a quienes exigen que se proceda penalmente contra el ex funcionario que ''estudiaran un poquito el marco del derecho mexicano, porque para una falta administrativa hay sanciones administrativas, no penales; no corresponde a las autoridades penales investigar este asunto''.
En un comunicado emitido la tarde de ayer, la SFP aseguró que en la indagatoria contra Gil Díaz se ''allegará de información y documentación necesarias para determinar si se han violado las disposiciones establecidas en materia de conflicto de intereses''.
También prometió ejercer sus atribuciones con ''autonomía de criterio'' y responder de manera ''puntual'' a los argumentos que formulen las partes, según lo dispuesto en las leyes federales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El diputado panista todavía no conocía este último comunicado, pues al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que la SFP ''ha revisado este tema y en su comunicado (de fecha 4 de enero) ha dicho que no existe falta legal''.
-¿Violó la ley Gil Díaz? se le insistió a Larios.
Hay que conocer bien, en primer lugar, cuál es el trabajo de un consejero independiente dijo en alusión al cargo que ocupa Gil Díaz en el consejo de HSBC Holdings PLC. Las sociedades anónimas están obligadas a tener consejeros que no son accionistas. Los dueños del negocio contratan a personas de prestigio para que velen por el interés de los accionistas minoritarios. Entre otros consejeros independientes que tiene este banco en Londres, está el propio ex ministro del Tesoro de Londres.
Sí señor, pero en el caso de México estamos hablando del ex secretario de Hacienda que no tardó ni un año en aceptar un cargo, que cuenta con información privilegiada, en un sistema bancario de por sí con varias aristas.
En primer lugar, (Gil) está trabajando en la matriz como consejero independiente, no en la operación, no en la toma de decisiones, sino en buscar que se respeten los derechos de los pequeños accionistas que no tiene asiento en el consejo.
Según Larios, ''en una democracia no puede juzgarse a nadie desde la perspectiva de la opinión pública'', sino que tiene que ser una autoridad jurisdiccional, en este caso la Función Pública, la que determine ''si existe alguna falla administrativa''.
Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Sergio Ruiz Olloqui Vargas, defendió al ex secretario Gil Díaz, al señalar que en México la ley no es clara sobre el tiempo que debe pasar antes de que un ex funcionario se incorpore a trabajar en la iniciativa privada. Consideró que dejar pasar un año era una ''usanza tradicional'', y que sólo se desempeña como consejero independiente en el HSBC.