Se trata de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin fiscalización
Detecta Auditoría Superior manejo discrecional de $675 mil millones
Esos activos al 31 de diciembre de 2004 fueron equivalentes a 8.8% del PIB de ese año
El caso más controvertido fue la disputa con ISOSA por el origen y destino de 10 mil millones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, que manejaban activos por 675 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2004, "de los cuales no se podía fiscalizar nada", por lo que este órgano clasificó el manejo de estas figuras como la segunda área en importancia por el grado de opacidad, antecedida únicamente por la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado.
Informes de la ASF, así como declaraciones públicas realizadas por el auditor superior, Arturo González de Aragón, indican que el monto de los recursos públicos manejados a través de fideicomisos, mandatos y contratos análogos alcanzó ese año una dimensión equivalente a 8.8 por ciento del producto interno bruto.
Como consecuencia del proceso de fiscalización realizado durante los últimos años, en los cuales estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy integrante del consejo de administración del multinacional banco inglés HSBC, la ASF identificó como prioritarias 11 áreas "de opacidad y riesgo, sobre las cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas".
Según el documento sobre los resultados del proceso de fiscalización, la ASF apunta que una segunda área prioritaria "que ha sido seriamente afectada por la opacidad, corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos, y sobre los cuales se ha señalado la apremiante necesidad de hacer transparente su operación".
Sobre esta situación, González de Aragón informó públicamente que después de cuatro años y medio de señalar la opacidad que había en los fideicomisos, "finalmente se logró abrirlos, gracias a la concurrencia de dos voluntades: El Ejecutivo aceptó que era necesario transparentarlos, hubo un acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de la Función Pública obligando a los fideicomisos a entregar información; y segundo, la modificación de la Ley de Fiscalización Superior para reconocer expresamente la obligación de éstos de rendir cuentas y ser fiscalizados".
Pero la resistencia a transparentar el origen y uso de los recursos públicos en los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, durante la participación de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior fue prácticamente una constante no exenta de disputas con la ASF, en las que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso más controvertido fue la disputa entre Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y la ASF, sobre el origen y destino de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos por esa empresa, creada en 1993 entre otros por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al amparo del Fideicomiso Aduanas 1.
Después de varios intentos por parte de la Auditoría Superior de la Federación para recuperar 9 mil 985 millones de pesos en Derechos de Trámite Aduanero, que cobrados por ISOSA no fueron enterados a la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda interpuso, precisamente en 2004, una controversia constitucional en la Corte para evitar la fiscalización de la controvertida compañía.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió un resolutivo a favor de la dependencia gubernamental, con el cual dejó sin efecto la fiscalización realizada por la Auditoría Superior y avaló el manejo extrapresupuestal de los recursos públicos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero, obtenidos por ISOSA.
A este respecto, González de Aragón comentó: "Estamos revisando la Cuenta Pública 2005, estamos revisando los derechos de trámite aduanero, porque una de las grandes definiciones de la Corte fue okey son privados, no puedes entrar, pero si puedes revisar el mecanismo de distribución del peso recaudado; entonces vamos a hacer esa revisión y dentro del informe que rindamos a la Cámara de Diputados el 31 de marzo, (habrá) un resumen de toda esa situación".
El auditor superior de la federación dio su versión, durante un debate público sostenido con el titular del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría: "En el año 2004, ya nuestros amigos de Hacienda interponen una controversia en contra de la Auditoría Superior, argumentando que esos recursos son privados. Entonces la Corte nos pide que suspendamos los trabajos y que los dejemos en el estado en el que se encuentran. Hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros ochocientos y tantos millones de pesos".
Puntualizó: "la suma total son 9 mil 985 millones de pesos observados por la ASF, pero además se acredita con hechos que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Primero, se hizo que este fideicomiso privado se convirtiera en público desde 2004. Segundo, se obligó a la liquidación del fideicomiso privado. Tercero, se hizo que se devolvieran 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005".