Irrita a ciudadanos "arbitrariedad de autoridades"; denunciará la APPO ante el MP
Cerco policiaco en centros de acopio de juguetes
Ampliar la imagen
Policías municipales bloquearon los accesos a los centros de acopio de juguetes con motivo del Día de Reyes para hijos de los caídos en el conflicto de la entidad
Foto: Blanca Hernández
Oaxaca, Oax., 5 de enero. Aproximadamente 60 policías municipales de Oaxaca cercaron los centros de acopio de juguetes que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) instaló en el atrio del templo de Santo Domingo con la autorización de la Iglesia católica, sobre la calle Macedonio Alcalá, frente al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en la esquina con Ignacio Allende, donde quedaron retenidas ocho mujeres encargadas de la recolección.
Desde el jueves, Aristeo López Martínez, coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, advirtió que no iba a permitir la instalación del APPO-juguetón o, si de quedaban, serían desalojados.
Los ciudadanos que se acercaron a entregar sus juguetes debieron colocarlos en el piso, detrás de la valla de agentes instalada frente al IAGO, lo que provocó la irritación no sólo de quienes atendieron la convocatoria, sino de transeúntes y turistas que reprocharon la actitud del cuerpo policiaco.
"Es una arbitrariedad, un abuso, porque aparte de que teníamos permiso de la iglesia, nos asiste el derecho constitucional de manifestación", afirmó Patricia Jiménez Alvarado, de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueña Primero de Agosto (Como), una de las encargadas del centro de acopio.
Gilberto Hernández Santiago, del equipo jurídico de la APPO, dijo que las autoridades estatales y municipales violaron el estado constitucional de derecho, puesto que el juez primero de distrito concedió el amparo 25/2007 a la Como para suspender todo acto de autoridad.
Dijo que el actuario estatal ordenó suspender todo acto de autoridad tendente a impedir el libre tránsito y la libertad de las quejosas a cargo del centro de acopio de juguetes, por considerar que es un acto pacífico, noble y altruista.
El propio actuario certificó ese hecho y el desacato quedó asentado en el expediente de amparo 25/2007, lo que significa que el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, el cabildo y el presidente municipal interino de Oaxaca, Manuel Esesarte Pesqueira, así como de los directores de la policías municipal, Aristeo López Martínez, y ministerial, Manuel Moreno Rivas, desacataron esta orden judicial, razón por la que los activistas van a denunciar estos hechos intimidatorios ante el Ministerio Público Federal.
No obstante, Jiménez Alvarado dijo que la APPO realizará este sábado una marcha de la Plaza de la Danza al atrio del templo de Santo Domingo y, posteriormente, el festival popular del Día de Reyes, en este mismo espacio. Para esta festividad, dijo, la APPO también obtuvo la autorización de la Iglesia.
Acerca de las declaraciones del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, de que la APPO "va a vivir" en la medida en que "entre al cauce institucional y al estado de derecho", Zenén Bravo Castellanos, del consejo estatal de la organización, aseveró que éste es un movimiento que ha asumido como línea política la lucha pacífica de masas.
Rechazó que alguno de sus miembros se haya reunido para dialogar con Ruiz Ortiz. "Es una más de sus mentiras y parte de su estrategia mediática para hacer creer que el conflicto político social se ha solucionado en la entidad", señaló.
En tanto, los 16 presos recluidos en el penal femenil de Tlacolula de Matamoros demandaron al presidente Felipe Calderón Hinojosa su "libertad incondicional e inmediata", por ser inocentes de los delitos de robo, sedición, asociación delictuosa y daños en propiedad ajena.
En una carta que dieron a conocer sus familiares en el plantón instalado afuera del penal, los encarcelados denunciaron que fueron detenidos "en forma arbitraria y con extrema violencia" por agentes de la Policía Federal Preventiva y de corporaciones locales, así como por personas vestidas de civil, el 20 y 25 de noviembre pasado.
En tanto, un grupo de pobladores provistos de armas de fuego, de las comunidades Mano del Señor y San Miguel, perteneciente a Santa Cruz Zenzontepec, invadieron la comunidad Independencia, municipio de Santiago Amoltepec, a causa de un conflicto de tierras. En el incidente resultó herido el campesino Félix López Paz.
Finalmente, en Juchitán, alrededor de 100 integrantes de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) tomaron las oficinas de la agencia del Ministerio Público y del Juzgado de lo penal. Los inconformes exigieron a los titulares de esas dependencias actuar de manera imparcial en el caso de miembros de esa organización acusados por despojo tumultuario.
Encabezados por los líderes de esa organización, Artemio López López, Enrique Reyna y Roberto Toledo, los también integrantes del PRD pidieron dialogar con el titular del Ministerio Público en el primer turno, Pedro Figueroa Díaz, quien no estaba en esos momentos.