Desde las montañas del noreste mexicano
Hace unas semanas, el subcomandante Marcos se solidarizaba con la protesta de varios grupos de ciudadanos en contra de la edificación de un fraccionamiento urbano de peligroso impacto ecológi- co para el área metropolitana de Monterrey. Allí lanzó un par de amenazas (literarias): una, derrocar tanto al legítimo como al ilegítimo; la otra, derrocar a los empresarios. Y también una apresurada profecía: la inminencia del estallido social.
Por esos mismos días, el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León organizaba el Foro regional de parlamentarios sobre las prioridades legislativas, con la participación de senadores, diputados federales y locales de Nuevo León y estados vecinos. Las diferencias entre unos y otros fueron evidentes, sobre todo entre los diputados del Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional. Sin embargo, nada de lo que representó el presupuesto federal adquirió especificidad.
Con pocos días de diferencia, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) celebraba en Monterrey su XV congreso. Con diversos matices, las intervenciones de los expositores engranaban con el discurso de la resistencia pacífica en el que iba a insistir Andrés Manuel López Obrador, a principios de diciembre, en el gimnasio Nuevo León.
Poco después el Colegio de la Frontera Norte (Colef) organizó un intercambio de académicos entre Tijuana y Monterrey. El tema era la posible reforma electoral: su pertinencia, eventuales contenidos, timing.
A mí me tocó participar en el congreso de la ANAD y en el intercambio convocado por el Colef. En ambas ocasiones subrayé la importancia de la representación política (con más amplitud en el congreso de los abogados democráticos por el tiempo disponible) como el reverso, si no es que el anverso, de la democracia.
A diferencia de la postura formalmente revolucionaria del subcomandante Marcos y de su percepción de la inminencia del estallido social, los académicos que participaron en el panel desde Tijuana compartían la idea de que era necesaria una reforma electoral, pero no la consideraban asunto urgente. Prevaleció en su análisis la idea de una realidad en la que el pasado proceso electoral, aunque turbulento, respondió a un funcionamiento institucional que sufrió raspones, pero raspones que habrán de cicatrizar. Lo cual, desde luego, no afecta el carácter representativo del régimen.
En la historia de las grandes luchas del pueblo mexicano, la representación política ha ocupado un sitio central. Las dos guerras civiles del siglo XIX la dotada de un componente emancipador y que se inicia en 1810, y la de contenido antimperialista y de carácter reformador de 1858-1861 y la revolucionaria del siguiente siglo, que culmina con el orden vigente establecido en 1917, tienen por motivo y objetivo fundamental la representación política.
Esas luchas, por lo menos para la sociedad mexicana, dejaron la evidencia de que el Estado y el pacto social no surgieron de una sociedad prestatal, sino de una sociedad regida por un tipo de Estado al cual le opusieron resistencia y batalla aquellos sectores que no se sentían representados por las instituciones en que aquel se sustentaba.
La representación política en México es hoy precaria. Por más que los personeros de las instituciones que sostienen al Estado, señaladamente los vinculados a los medios de comunicación, a los partidos políticos y los intelectuales afines a ellas, se empeñen en hacer ver que la normalidad democrática sólo sufrió una alteración previsible dentro de lo que es una contienda electoral en el pasado proceso que culminó el 2 de julio, esto no es así.
La mitad del electorado asume que la presidencia de Felipe Calderón fue el resultado de un fraude. A tal cantidad hay que agregarle la del voto no-técnico, ese que no pudo ser emitido por razones de marginalidad y ausencia de cultura electoral. El sector que se abstuvo de votar no ha sido estudiado, pero puede inferirse que el mayor porcentaje del mismo apoyaba a López Obrador. El candidato de la coalición Por el Bien de Todos estaba y está más cerca del pueblo indigente, que sin embargo tiene preferencias políticas. Una cosa es que no le sea dable buscarlas y ejercerlas y otra muy distinta que anímicamente carezca de ellas.
A ese pueblo le dio la espalda el voto pobre, aquel que fue emitido para evitar el mal que anunciaban las Casandras interesadas. Ahora también parte de los electores que sufragaron por temor se han sumado a la deslegitimación. Porque ya vieron, en la iniciativa de presupuesto del gobierno de Calderón, el perjuicio que encerraba, y que apenas pudo ser atenuado por la oposición, para todos aquellos que ganan menos de 9 mil pesos (y hasta el doble).
La conclusión de estas reflexiones es elemental: o las fuerzas políticas del país, incluido Acción Nacional, encuentran fórmulas para desembocar en una reforma profunda que mejore sustancialmente la calidad de vida de la mayoría y la autonomía del país o cada vez serán mayores las posibilidades de que la inconformidad con la actual representación política se manifieste como se ha expresado en México a lo largo de dos siglos.