La dependencia prometió acceso a reclusorios federales y más liberaciones, señalan
Ofrece Gobernación a observadores sancionar y castigar abusos en Oaxaca
Detecta misión que los tres niveles de gobierno participaron en violaciones de derechos
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Aspecto del dispositivo alrededor del zócalo y la alameda de León, en la ciudad de Oaxaca, para vigilar a los asistentes a la misa que celebraron ayer en la catedral local familiares de detenidos, desaparecidos y asesinados durante el conflicto
Foto: Notimex
La Secretaría de Gobernación (SG) se comprometió a investigar, y en su caso, sancionar a los funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos en Oaxaca.
Al reunirse con integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos, el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González, asumió esa responsabilidad, además de ofrecer a los extranjeros el acceso a reclusorios federales para entrevistar a quienes permanecen presos, como resultado del conflicto en esa entidad.
Iñaki García, vocero de los observadores, indicó que el funcionario les aseguró en el encuentro a puerta cerrada por casi dos horas que aún hay 36 de los 141 detenidos inicialmente, y que está abierta la posibilidad para más liberaciones.
"Nos dijo que sigue el proceso judicial, y que la decisión está en los jueces, pero no está cerrada la cifra para liberar a más. No es que se haya llegado a un límite, pero no nos dio fecha."
La defensa jurídica de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio informó que el juez segundo de distrito en materia de amparo en Toluca, estado de México, admitió las dos peticiones de demanda de garantías contra los autos de formal prisión de sus representados dictados en las causas penales 70/2006 y 71/2006, seguidas ante el juez penal de Ocotlán por los delitos de robo, daños, secuestro y lesiones calificadas.
La Unión de Juristas de México informó que hoy se reunirá con integrantes de la misión de observación para acreditar que la detención de los hermanos Sosa "fue irregular, contraria a derecho y basada en una decisión político gubernamental, que buscó un alto impacto en los medios de información como señal de dureza del nuevo régimen contra la inseguridad y la delincuencia".
En Bucareli se dio el primer contacto entre la representación de la comisión internacional y el Ejecutivo federal para establecer la agenda de trabajo de los primeros, que piden la aclaración de muertes en Oaxaca, con la apertura de los procesos penales correspondientes, a partir de abril pasado, cuando el magisterio de la entidad comenzó a exigir respuesta para una serie de demandas, como la rezonificación salarial, así como investigar las violaciones y denuncias a derechos individuales.
Casos documentados
García sostuvo que tras 200 primeras entrevistas en el estado, incluyendo presos en penales locales, advierten que los tres niveles de gobierno tienen que ver con la violación a garantías individuales en la entidad, a partir de los operativos para levantar el plantón de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y que en una próxima reunión estudiarán con González los casos documentados, para que el Ejecutivo actúe.
Por lo pronto, afirmó, ayer "establecimos los mecanismos para nuestra agenda de trabajo que concluirá el 20 de enero y tenemos confianza de que se va a cumplir".
Afirmó que con la parte oficial hablaron sobre los "trabajos que está desarrollando" la SG en Oaxaca, y sobre lo hecho por la dependencia en el estado, en su primera etapa de observación, del 21 de diciembre al 1º de enero, incluidos los "puntos crudos o difíciles".
Hemos quedado abiertos, continuó, a establecer, si fuera necesario, "cualquier tipo de reunión o contacto con Gobernación para cualquier opinión, necesidad o entrevistas". Incluso, agregó, les hemos pedido que "si ellos consideran necesario que algún testimonio es importante para el desarrollo de nuestro informe, pues con entera libertad lo van a hacer".
Insistió en que, tras "demostrar la gravedad de los hechos" en la entidad, hay coincidencia en que el derecho fundamental es el de la vida.
"Ha habido muchas muertes que hay que aclarar; un número de detenidos y de presos muy sustantivo, y a través de los testimonios nos hablan de violaciones y denuncias a los derechos humanos." O sea, añadió, "hay irregularidades, gente que manifiesta maltrato en algunos casos".
Para nosotros, indicó el vocero de los observadores, las denuncias involucran a "funcionarios públicos, sin lugar a dudas. Hay abusos que se refieren a una persona en lo individual. Si es funcionario le atañe a él, pero si las denuncias son más generales, porque obedecen a órdenes dadas en el operativo, pues en su caso habrá responsables".
Manifestó que de la SG se llevan el compromiso de que actuará, si se demuestra que servidores públicos incurrieron en esos ilícitos, porque nos han dicho que "evidentemente el Estado de Derecho les obliga a actuar". El criterio fue, añadió, "que la secretaría como tal no pondrá ningún impedimento para que se actúe conforme a la ley".
Los tres integrantes de la comisión internacional que acudieron al encuentro ayer por la mañana además de Iñaki, Rubén Méndez e Iñigo Prieto tuvieron que ser acompañados por un reportero al edificio de la dependencia donde se encontraron con Abraham González, porque ningún representante de Gobernación los recibió a su llegada.
Desarrollan la misión de observación 15 personas, pero a partir del día 8 serán 35, al sumarse a la tarea Global Exchange.
Visitarán las diferentes regiones de Oaxaca, a petición de comunidades, además de entrevistarse con estadunidenses para documentar el caso del periodista Bradley Will, y con cónsules o embajadores de los países con nacionales extraditados, a raíz del conflicto.