Editorial
Los crecientes retos de México sobre migración
A pesar de las cifras positivas de la macroeconomía del país, la realidad es que esta supuesta bonanza no se ha traducido en mejores oportunidades de vida para la mayoría de la población, lo que a su vez deriva en una creciente migración. De hecho, esta situación se está agravando, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo): en 2007 la migración hacia Estados Unidos aumentará 40 por ciento en comparación con este año, por lo que el número de migrantes pasará de unas 400 mil a 559 mil personas. Simultáneamente, las autoridades estadunidenses están endureciendo sus medidas contra la migración ilegal, por lo que miles de trabajadores indocumentados y sus familias son cada vez más vulnerables.
Las cifras de la Conapo sobre el incremento de la migración son preocupantes: si la tendencia a la alza se mantiene a este ritmo, cada dos años más de un millón de mexicanos habrán cruzado la frontera en busca de trabajo en Estados Unidos, donde ya habitan unos 11 millones de connacionales, quienes representan alrededor del 10 por ciento de la población que actualmente vive en México. Si se tiene en cuenta la diferencia entre el éxodo de trabajadores registrado en el año y estas proyecciones, ello revela que las autoridades han fracasado en mejorar las condiciones de vida de la población.
Por otra parte, la creciente migración y las tendencias demográficas colocarán al país en una situación comprometida en el mediano plazo. La Conapo estima que la población comenzará a envejecer en los próximos años: la tasa de crecimiento natural descenderá de 1.42 por ciento en 2007 a 1.32 en 2010 y a 0.74 en 2030; mientras tanto, la edad promedio pasará de casi 28.7 años en 2007 a 42.3 en 2050, año en el cual la proporción de menores de 15 años se situará en un 17.4 por ciento, en contraste con el 30 por ciento actual. Este envejecimiento redundará en una mayor presión sobre el gobierno federal en materia de creación de empleos y de servicios básicos, como los de salud y los educativos, entre otros. Y esta presión será aún más difícil de resolver debido a la creciente migración, ya que una parte importante de la fuerza laboral del país se desempeñará fuera de las fronteras, expulsada a causa de las pésimas condiciones económicas que no le dejan otra opción. Al respecto, hay que señalar que los jóvenes constituyen el grueso de la población migrante. De esta manera, se perfila el escenario de un México con grandes necesidades por cubrir pero sin mano de obra para hacerlo.
Pero el fracaso sobre migración también se da en el plano externo: el gobierno federal no ha sabido proteger adecuadamente a sus ciudadanos de los abusos y de la política de criminalización de los inmigrantes por parte de Estados Unidos. Isabel G. García, líder de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, ha denunciado que la militarización de la frontera avanza progresivamente, lo que orilla a miles de personas a arriesgar sus vidas cruzando la línea divisoria por zonas inhóspitas y peligrosas: unos 500 migrantes mueren anualmente en el intento. Adicionalmente, las medidas antimigración son cada vez peores: penas de hasta 180 días de prisión a las personas que detienen sin documentos, toma de huellas digitales hasta a los bebés de las mujeres migrantes, construcción de más centros de detención y la prohibición de rentarles vivendas son algunas de las iniciativas que padecen los mexicanos en Estados Unidos.
Para García, la inacción del gobierno mexicano se debe a su adhesión a ultranza a las políticas económicas de Washington, cuya máxima expresión es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Por ejemplo, como parte del TLCAN, en 2008 México abrirá su mercado de maíz y frijol, pero dados los millonarios subsidios que Estados Unidos otorga a sus agricultores e intermediarios, los campesinos mexicanos no podrán competir con los productos importados de ese país, lo que incrementará el desempleo en el medio rural y, por ende, aumentará la migración.
Ante este panorama, se impone un cambio en el rumbo económico del país a favor de una defensa más eficaz de los intereses nacionales para evitar la sangría de su capital humano y fortalecer su desarrollo sustentable.