Arizona, laboratorio de acciones contra inmigrantes

EU, hacia la militarización total del límite con México

La activista Isabel García critica políticas estadunidenses que han propiciado mayor pobreza entre los mexicanos

JOSE ANTONIO ROMAN

Estados Unidos avanza de manera decidida hacia la "completa militarización" de su frontera con México. Arizona se ha convertido en su "laboratorio" donde se instrumentan todas las medidas antinmigrantes. La "criminalización" de la migración avanza paulatinamente; ahora, en un plan piloto, desde su primera detención los migrantes enfrentan penas de hasta 180 días de prisión y toma de huellas digitales, acciones de las que no se escapan ni siquiera los bebés de padres indocumentados.

En amplia entrevista con La Jornada, Isabel G. García, líder comunitaria de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, recientemente ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en México ­entregado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos­, señala que, aunque este plan piloto ya se aplica en la región de Río Texas; en zonas como Tucson y Douglas aún no se pone en vigor debido a que no se tienen las prisiones suficientes. Sin embargo, varias empresas que han hecho negocios con la guerra de Irak ya recibieron las concesiones para construir unos 300 centros de detención de migrantes en toda la frontera.

Convertido por las autoridades estadunidenses en embudo de paso obligado, por el desierto de Arizona no sólo se concreta 52 por ciento de todos los cruces de indocumentados, sino que también se registran en esa región, inhóspita y con temperaturas extremas todo el año, las dos terceras partes de las casi 500 muertes de migrantes que se producen anualmente a lo largo de la frontera. Además, un tercio de estos decesos se asientan como muertes de desconocidos. "Arizona vive una profunda y seria crisis de derechos humanos en materia migratoria."

El principal responsable

Con trayectoria de más de 30 años de lucha y copresidenta de una organización que abiertamente busca un cambio político, social y económico, la abogada Isabel García no duda en identificar a la política económica de su país, en especial el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), como el "principal responsable" de la migración de millones de mexicanos, y de la muerte de miles de ellos.

Pero en todo esto ­señala­, el gobierno mexicano también tiene una enorme responsabilidad. No basta con el envío de cartas diplomáticas cada vez que los minuteman o grupos antinmigrantes toman la escena pública y amenazan con acciones duras. "¿Por qué (México) no tiene ese tipo de reacción con las muertes de migrantes que ocurren diariamente? O ¿por qué no tiene esa misma reacción en los foros internacionales para condenar las políticas estadunidenses?"

Nacida en Estados Unidos, pero de origen mexicano, Isabel García declara públicamente el impacto negativo que tienen las políticas económicas de su país en la migración. "Aunque no se encuentra alguien jalando directamente el gatillo para matar a los migrantes, bien que le jalamos el gatillo a toda esta gente que con nuestras políticas y con la aprobación de México ­porque todos sabemos que México ha acordado y pactado estas políticas que supuestamente son de un país soberano­ les destrozamos la vida y su familia". Y se pregunta: "¿Cómo vamos a frenar esa migración si no hay oportunidades ni desarrollo en México?"

En este sentido dice que en Estados Unidos se piensa que la pobreza de México se debe a la corrupción en el país. "Pero quienes así piensan no toman en cuenta que nuestras propias políticas siempre han impactado a México; obviamente todas esas políticas se concentraron en el TLCAN; también sabemos que las medidas de criminalizar la migración no nacieron ni coinciden con el 11 de septiembre de 2001 y los ataques terroristas, sino que iniciaron con la aprobación y puesta en práctica del acuerdo comercial en 1994, cuando se implementó la Operación Guardián y se fue obligando a los migrantes a cruzar por el desierto de Arizona, como medida para eliminar el cruce de indocumentados, pensando que esa zona de difícil tránsito desalentaría el cruce, cosa que no pasó y seguramente tampoco ocurrirá".

La líder comunitaria de la Coalición de de Derechos Humanos en Tucson, Arizona, e integrante de la Red Nacional por Derechos de Inmigrantes y Refugiados en EU, se cuestiona profundamente que su país, "ese que supuestamente lleva los derechos humanos a todo el mundo", no es capaz siquiera de respetar los derechos de los migrantes que tienen años viviendo en su territorio, que son muy útiles a su economía y que ya tienen formada una familia e incluso con descendientes estadunidenses.

Enumera que la última legislatura del estado de Arizona aprobó 49 medidas antinmigrantes para hacer más difícil la permanencia de esta población, no sólo con arrestos sino con la prohibición incluso de rentar un departamento.

"Podemos ir a cualquier corte (de justicia) federal a lo largo de la frontera, pero en especial en Tucson, donde diariamente se detienen a 150 y 175 migrantes mexicanos, quienes son encadenados por el delito de ingreso ilegal al país; ahí empieza la criminalización formal. Ya hay miles de personas que ya no podrán tener derecho a ningún trámite ni iniciar un proceso de permanencia legal en Estados Unidos. Pero cuando hay reincidencia, los migrantes detenidos pueden ser sentenciados hasta cinco o seis años de prisión, por el único delito de haber regresado a ese país para estar con su familia."

Denuncia que en varias ciudades estadunidenses a los migrantes indocumentados se les está negando la renta de departamentos y aquellos que son detenidos por un policía, obligatoriamente se les debe tomar la huella digital. "Acabo de saber que una pobre mujer salvadoreña que la deportaron estaba desecha, no sólo porque sería deportada, sino porque a su niño de 14 meses le tomaron también las huellas digitales, con obvias consecuencias futuras."

Fosas comunes

Respecto de los casi 500 decesos que en promedio se producen anualmente en la frontera, dijo que un tercio de ellos quedan como "muertes de desconocidos" y, por consiguiente, sus familiares que viven en México jamás sabrán el paradero de sus seres queridos.

Así, cuando hay un proyecto judío para identificar los restos de personas muertas durante el Holocausto, y hay un programa similar para conocer a todos los que murieron en los ataques terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York, anualmente se entierran a unos 150 migrantes en fosas comunes sin identificación.

Destaca que aun cuando se militarice la frontera, poco más de 50 por ciento de las personas que se encuentran sin documentos en EU ingresaron con algún tipo de permiso o visa, que después de un tiempo dejaron perder para permanecer en ese país.

Con la certeza de sus palabras, Isabel G. García dice que no hay seguridad fronteriza y sí, en cambio, gran inestabilidad debido a estas mismas políticas. Y hasta que se acuerde un desarrollo equitativo, que no sea solamente en beneficio de unos cuantos acá en México, y otros tantos en Estados Unidos, se podrá frenar el fenómeno migratorio y sus males inherentes, como las muertes y la desintegración familiar.

Aboga por una reforma migratoria real, no un programa de trabajadores huéspedes. "No queremos más trabajadores desechables y sin derechos; queremos una regularización de trabajadores con derechos plenos y un inmediato alto a la militarización de la frontera. Estas no son soluciones reales y hasta que no nos encaminemos a ellas seguiremos viendo la misma situación en la frontera".

Dijo que con las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos hubo cambios en el Congreso, donde ganó el Partido Demócrata, "pero esto todavía no ha cambiado, por el contrario, sigue la militarización de la frontera".