Descartan que la pena contra el derrocado presidente contribuya a pacificar Irak
Organismos humanitarios condenan ejecución de Hussein; objetan juicio
El proceso fue ilegal y una mascarada porque el país está ocupado por EU y GB: Kadafi
Ampliar la imagen Manifestación en Karachi, Pakistán, contra la ejecución de Hussein. La pancarta dice: "Arresten a Bush y a Tony" Foto: Ap
Nueva York, 29 de diciembre. Organismos humanitarios, gobiernos y personalidades condenaron la ejecución del derrocado presidente iraquí, Saddam Hussein, cuando ya era inminente que sería ahorcado, sin que hubiera oportunidad de conmutar la sentencia o retrasar la ejecución.
En algunos casos, estas entidades criticaron, por principio, la pena de muerte, pero en otros se llamó la atención sobre el cuestionable juicio que resultó en la ejecución de Hussein, las serias irregularidades que privaron durante el proceso, o el simple hecho de que resulta discutible si en un país bajo ocupación existe un sistema judicial y autoridades responsables como para juzgar a alguien por crímenes contra la humanidad. Se señaló, además, que la ejecución del derrocado mandatario no contribuirá a pacificar a Irak.
"La imposición de la pena de muerte, injustificable en ningún caso, es especialmente errónea en un proceso tan injusto como éste", afirmó en un comunicado Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de la organización Human Rights Watch (HRW).
El pasado noviembre, HRW denunció en un informe las deficiencias observadas en el juicio contra Hussein por la masacre de Duyail, y calificó de "poco sólido" el veredicto que lo condenaba a muerte.
"La decisión del jurado continúa, anunciada en primera instancia por el consejero de seguridad nacional, pone de manifiesto la injerencia política que ha dañado el proceso contra Hussein."
En un comunicado difundido hoy en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, reiteró su advertencia sobre las consecuencias de una ejecución rápida a Hussein, y manifestó sus dudas sobre la probidad legal que rodeó el proceso en su contra.
"Hubo una serie de objeciones sobre la legalidad del juicio. Necesitamos la seguridad de que esas objeciones han sido analizadas los suficiente", y por ello llamó a las autoridades iraquíes a no llevar a cabo una ejecución de manera apresurada.
Arbour recordó que el derecho internacional prohíbe llevar a cabo una sentencia si el proceso no ha cumplido con las exigencias legales. Los acuerdos internacionales, que también ha firmado Irak, estipulan que Saddam Hussein estaba en condiciones de pedir una revisión de su sentencia o su anulación.
El gobierno de Brasil condenó la pena de muerte impuesta a Hussein y advirtió que "no cree que la ejecución vaya a contribuir a la pacificación de Irak". El ministerio de Relaciones Exteriores recordó la posición de Brasil contra la pena de muerte y resaltó que una solución para el conflicto y la violencia en Irak "debe resultar del diálogo y el entendimiento entre las fuerzas políticas del país".
Si bien el comunicado oficial de Brasil reconoce que el gobierno de Hussein fue dictatorial violento y plagado de abusos contra los derechos humanos, enfatiza que el derrocamiento del gobernante no ocurrió mediante autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, "único organismo multilateral con legitimidad para el uso de la fuerza en el escenario internacional".
"Prisionero de guerra"
A su vez, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó la ejecución al señalar: "todos los dictadores deben responder por sus crímenes, pero no puedo espaldar este tipo de condena", y reafirmó su oposición a la pena capital.
El gobierno de Chile también rechazó "por razones de principios" la ejecución, por conducto de su canciller en funciones, Alberto Van Klaveren. "Formamos parte de los países que están haciendo campañas activas para la supresión de la pena de muerte en las naciones donde subsiste."
El líder libio, Muamar Kadafi, criticó la ejecución, cuando ésta se anunció. "Saddam Hussein, condenado a muerte, es un prisionero de guerra y fue derribado por las fuerzas de ocupación, no por el pueblo iraquí. Su juicio, por tanto, es ilegal y una mascarada", declaró el gobernante ante diplomáticos árabes y occidentales, religiosos y periodistas con motivo de la fiesta musulmana del Sacrificio y las fiestas cristianas de fin de año.
"El tribunal que le condenó es ilegal. Irak es un país ocupado. Son las fuerzas estadunidenses y británicas (en Irak) quienes deben juzgarlo y, en ese caso, si deciden ejecutarlo, asumir la responsabilidad", aseveró el dirigente libio.