Quiere borrar la mala imagen que dejaron legisladores como Diego Fernández
Presenta AN iniciativa para evitar tráfico de influencias y conflicto de intereses
En un afán por borrar la mala imagen que dejaron legisladores como Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Handam, quienes litigaron en contra del Estado y al mismo tiempo crearon leyes con las que luego beneficiaban a sus bufetes jurídicos, la fracción del PAN en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General, con el fin de acabar con el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre miembros de ambas cámaras.
Se trata de una propuesta dictaminada en el pasado periodo de sesiones recién clausurado y que será discutida y votada en febrero, cuando el Senado reiniciará trabajos. De manera paralela a esa enmienda, la bancada panista, que coordina Santiago Creel, presentó otra, también de modificación constitucional, que busca impedir que ex funcionarios inhabilitados para desempeñar cargos públicos puedan ser electos como legisladores.
A juicio de senadores del PRD, se trata de propuestas "a toro pasado", pues el blanquiazul permitió que la ex responsable de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio foxista, Carmen Segura Rangel, pasara a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como diputada plurinominal, luego de ser inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por el fraude millonario al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Fue uno de los grandes escándalos del sexenio pasado, ya que senadoras del PRI pusieron al descubierto el manejo electoral del Fonden y los desvíos, por más de 3 mil millones de pesos, de ese fondo, mediante compras a empresas fantasmas y costos inflados, entre otras irregularidades.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Segura Rangel por 10 años, lapso en el que no podrá ocupar ningún cargo público y le aplicó una multa de un millón 773 mil pesos, pero la dirigencia del PAN capitalino la arropó y le dio una diputación local plurinominal. Por ello, la ex funcionaria es ahora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF.
Quizá con el objetivo de que hechos bochornosos como ese no se repitan en el panismo, un senador de ese partido, Eugenio Govea Arcos, presentó al final de la legislatura el 21 de diciembre una iniciativa encaminada a reformar el artículo 113 de la Constitución.
El propósito, expuso, es dar al Estado instrumentos eficaces "para perseguir a los malos funcionarios", sobre todo en momentos en que la imagen pública de las autoridades está en niveles muy bajos de credibilidad, toda vez que la corrupción se ha prestado para crear una impunidad generalizada".
Cada vez son más frecuentes los casos de ex funcionarios inhabilitados que compiten y ganan algún puesto de elección popular.
La otra reforma del PAN, conocida ya como ley antidiego, fue presentada a finales de octubre por el senador Rubén Camarillo en nombre de la bancada. En una conferencia de prensa ese día, Santiago Creel precisó que es una de las prioridades de su grupo parlamentario, ya que es necesario que los legisladores le cumplan a la ciudadanía y se dediquen de tiempo completo a su encargo en el Congreso, sin negocios vinculados con su tarea como parlamentarios.
En esa conferencia, en la que Creel dio a conocer la iniciativa para reformar el artículo 62 de la Constitución, con el fin de establecer en la Carta Magna la prohibición a senadores y diputados de aceptar otros empleos, comisiones o cargos en los tres niveles de gobierno, se le preguntó si la propuesta la había inspirado Fernández de Cevallos, pero rehusó contestar.
Aunque se pensaba aprobar esa enmienda antes de Navidad, junto con la reforma del Estado, del PRI, y la iniciativa para fijar un tope a los sueldos de los altos funcionarios, magistrados y ministros de la Corte, presentada por el PRD, se optó por dejarla para febrero.
En el caso de la ley antidiego, el PRI y el PRD consideraron que se requería mayor análisis, aunque ya estaba dictaminada, para dejar establecida de manera clara la prohibición del conflicto de intereses, sobre todo en aquellos legisladores que al mismo tiempo litigan y se benefician de leyes que aprueban.
Fue el caso de dos ex senadores, el panista Héctor Osuna Jaime y el priísta Ernesto Gil Elorduy, quienes impulsaron públicamente la ley Televisa y fueron "premiados" con cargos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, creada a partir de la controvertida legislación.